El fallo de La Haya ha sido bienvenido por todos en Chile. Es una brisa de viento fresco en el caldeado ambiente político del país. Los grandes triunfos hay que celebrarlos, y gobierno y oposición se han unido en festejarlo. Se hicieron bien las cosas.

En todo momento, el tema fue visto con óptica de política de Estado, lo que se expresó en el nombramiento de los tres agentes que estuvieron a cargo de defender los intereses de Chile: Felipe Bulnes, José Miguel Insulza y Claudio Grossman, primando la continuidad del equipo y la necesidad de disponer del mejor talento en todo momento, más allá de las diferencias partidistas. La defensa de Chile se basó en la solidez de nuestros argumentos jurídicos y no en campañas políticas y/o comunicacionales.

Una vieja máxima de política exterior señala que, en los momentos difíciles, es bueno volver a los principios fundamentales. Fue lo que hizo Chile en esta ocasión.

A lo largo de gran parte del siglo XX y en el curso de éste, Chile ha anclado su política exterior en ciertos principios básicos como el de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, el apego al Derecho Internacional, el de pacta sunt servanda ( esto es, el respeto a los tratados) y el compromiso con los organismos multilaterales. Para un país de tamaño mediano como Chile, esos son los principios que mejor le permiten defender su soberanía e interés nacional en un mundo hobbesiano, en que las grandes potencias campean por su respeto, y el atenerse a un orden basado en reglas y normas iguales para todos es nuestra mejor estrategia. Parte importante de los éxitos que ha tenido Chile en su política exterior se han debido al soft power que surge de la aplicación de estos principios.

En el curso de estos años, no ha faltado los que han propuesto salirnos del Pacto de Bogotá, para no exponernos a nuevas situaciones como la ocurrida con la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia.

Hace apenas unos días, Chile anunció que no firmaría el Tratado de Escazú, sobre consultas a las comunidades en proyectos con impacto ambiental, haciendo "la del capitán Araya", ya que había sido uno de sus grandes impulsores.

Lo que nos dice el fallo de La Haya es que el mejor camino para Chile no es desentenderse del Derecho Internacional ni negarse a incurrir en compromisos internacionales (que serán cada vez mayores, dados los desafíos globales y regionales), sino que el asumirlos con la entereza y espíritu unitarios que hicieron posible el triunfo en la Corte.

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