A poco más de cuatro meses desde que se conoció el primer caso en el mundo, la pregunta “cuánto nos cambiará la pandemia” concita respuestas divergentes. Pero en lo que hay coincidencia es que esta crisis está dejando la vulnerabilidad humana al desnudo, mostrándonos la peor cara de la desigualdad.

Mientras hacemos frente a la emergencia y logramos retomar la actividad económica con salvataje financiero y ayuda social, surge el dilema de cómo saldremos de ésta y la necesidad de poner foco en quienes más sufren. En ese grupo enorme y heterogéneo están las mujeres.

Sabemos que han aumentado los riesgos de violencia que ellas sufren y, especialmente, la que se produce al interior del hogar, agravada por la obligación del confinamiento con el agresor, la incertidumbre económica, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y las tensiones que conlleva. Los obstáculos para acceder a ayuda en cuarentena son mayores. Las llamadas al fono de orientación dispuesto por el gobierno (1455) se dispararon del fin de semana del 20 de marzo al siguiente en un 70% -de 532 a 907-, evidenciando la necesidad de robustecer la respuesta en la atención, protección, seguimiento y defensa de estos casos.

La disminución de la actividad económica empeora la situación, lo que afecta a las trabajadoras informales, pero también a aquellas que se emplean en actividades con alto riesgo de desempleo. La pobreza toca a la puerta de muchas mujeres, lo que resulta gravitante en aquellas que encabezan hogares monoparentales (31,1%, Casen 2017).

No podemos seguir abordando la crisis con una perspectiva neutral al género, partiendo por el tratamiento de la información, pero también por la manera en que articulamos formas de intervención eficaces, donde las responsabilidades estén distribuidas entre los actores económicos y sociales con capacidad de hacer una diferencia. 

Ahí están las empresas, que pueden cumplir un rol clave en la detección y prevención de la violencia que pueden sufrir sus trabajadoras. Parece ser el momento de articular una red que asuma un compromiso e impulse acciones en ese sentido. Esta semana el Ministerio de la Mujer y EG y la CPC dieron los primeros pasos en esa dirección, que esperamos tenga resultados concretos.

Querríamos ver presentes en el comité de crisis que lidera Presidencia a las autoridades a cargo de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. Junto con ello, al Congreso acelerando la tramitación de la Ley de Violencia Integral y al Poder Judicial dando una respuesta eficaz a esta lacra.

Es responsabilidad de todas y todos movilizarnos para responder a la emergencia que afecta en distintos niveles la vida de las mujeres. Pero también para dibujar la hoja de ruta de una recuperación larga, que lleve a repensar nuestro contrato social con justicia de género.