Por Carlos Meléndez, académico UDP y COES

Los latinoamericanos vivimos en países divididos políticamente y ni la crisis pandémica ha logrado generar causa común al interior de estos. En Bolivia, las protestas sociales movilizadas por sectores cercanos al MAS debilitan al gobierno interino y afectan la gestión sanitaria. En Perú, un Legislativo fragmentado y sin liderazgo decidió no darle la confianza al Primer Ministro con el que Vizcarra apostaba reactivar la economía en su último año de gobierno. En Colombia, en medio del alza de infectados por Covid-19, las élites recrean un episodio más de polarización entre uribistas y antiuribistas, a partir de la detención preventiva y domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Este último caso resulta pertinente para discutir la relación de la derecha latinoamericana con la democracia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención del actual senador por presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos en una investigación sobre paramilitarismo. Tal decisión descolocó a sus seguidores. El uribismo denuncia la politización del sistema de justicia. De hecho, las primeras reacciones desde el Centro Democrático -el partido fundado por Uribe- van desde una reforma al sistema hasta una Asamblea Constituyente para “revolucionar” un poder que consideran ha perdido autonomía. Pero por si fuera poco, una actual pesquisa del Consejo Nacional Electoral sobre el financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente Iván Duque -delfín del expresidente detenido- arrecia aún más sobre este sector de la derecha colombiana. En aras de su defensa, sin embargo, el uribismo parece confundir a sus rivales con la institucionalidad política, pues contrarrestar a sus opositores puede significar también dañar la legitimidad de la administración de justicia.

No es la primera vez que un líder fundacional de la derecha sudamericana enfrenta a la justicia de su país. Guardando las distancias, Augusto Pinochet y Alberto Fujimori construyeron sus legados políticos respectivos en medio de acusaciones y sanciones por delitos cometidos bajo sus gobiernos. En cada caso, sus más férreos defensores no dudaron en confundir a sus opositores con imparciales justicieros; los más cínicos, simplemente apelaron a la justificación pragmática de los tiempos que corrían. La crisis económica y social de los años setenta en Chile y la hiperinflación y violencia terrorista en Perú sirvieron respectivamente de excusas históricas, como la lucha contra las FARC resulta para los colombianos. Sin embargo, la coartada no exime de responsabilidades. ¿Cómo llevar adelante proyectos de derecha liberal, poniendo en duda la autonomía de poderes y socavando la legitimidad del sistema de justicia?

Quizás los proyectos políticos más duraderos requieren contar con líderes mártires que sean la inspiración de sus respectivas memorias históricas. Pero hay una línea divisoria entre el martirologio y la victimización artificial. En tiempos que requieren de consensos democráticos como el actual, la derecha latinoamericana debiese enfatizar el respeto del estado de derecho sin excepciones ni politizaciones, para no quedarse opacada por las sombras de su pasado.