El país se apronta a celebrar las próximas elecciones de constituyentes el 15 y 16 de mayo, para dar forma a una nueva Carta Fundamental, según fue definido por la ciudadanía en octubre pasado. Y dentro de las definiciones que se han conocido tanto de candidatos como de analistas políticos, el sistema político actual aparece dentro de las materias que muchos consideran necesario modificar, estimando que el diseño del presidencialismo actual requiere de mayores contrapesos, en tanto que el Congreso Nacional debería contar con más facultades para representar adecuadamente el papel que les corresponde como representantes de la voluntad soberana. Algunos se han inclinado por un semipresidencialismo, otros por un modelo parlamentario, y desde luego están quienes prefieren mantener el actual sistema presidencial con ciertas modificaciones.

En este escenario, y sin perjuicio de que cada sistema depende para su éxito o fracaso de la realidad propia de cada país, contemplar lo ocurrido en Perú en las últimas décadas permite recoger lecciones cuando se pretende introducir reformas. Especialmente cuando dicho país acaba de celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales, en las cuales ningún postulante a la presidencia obtuvo más del 20%, y quien resulte electo deberá entenderse con 11 bancadas en el Congreso, dando cuenta no solo de la profunda fragmentación del sistema de partidos políticos, sino también de su debilitamiento y desinstitucionalización. Si bien los partidos que no hayan obtenido el 5% no pueden acceder a formar parte del Poder Legislativo, la situación es especialmente compleja para llegar a acuerdos con tantos interlocutores y poder sacar adelante el programa de gobierno de quien resulte electo.

De momento en que un sistema político pugna con el sistema electoral, que recoge la desafección de la gente por la política tradicional -en buena medida por los propios desaciertos y hechos de corrupción de sus principales figuras-, potenciando a grupos de interés y los caudillismos, la gobernabilidad se hace imposible. Y así lo ha demostrado la realidad peruana en la que con un presidencialismo atenuado por las facultades que la Constitución reconoce al Congreso -ya sea en la investidura o en los votos de confianza-, el país ha girado de regímenes democráticos a autoritarios, impidiendo avanzar institucionalmente como sí lo ha hecho en materia económica. No ha sido en cambio la realidad de otros países desarrollados, donde el sistema semipresidencial en general ha brindado estabilidad política.

Conociendo el derrotero que ha seguido nuestro país en cuanto a la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y el creciente posicionamiento de voces populistas, mirar el caso de Perú puede resultar especialmente aleccionador. Su experiencia revela lo complejo que puede resultar para un país cuando el régimen político y el electoral no convergen, fomentando atomizaciones, caudillismos o gobiernos débiles. Por ello, cuando la futura Convención Constitucional deba abocarse a definir los equilibrios y límites del poder, será fundamental evaluar los pros y contra de distintos modelos, lo que no debe llevar a abandonar el objetivo de apuntar a un modelo político y un sistema electoral que permitan formar grandes mayorías, para asegurar la gobernabilidad.