Tiene la razón la expresidenta Bachelet en insistir en la importancia de la defensa del legado de su gobierno. El intento de borrarlo o deformarlo forma parte de una ofensiva mayor cuyo propósito es desacreditar la posibilidad de reformas profundas. Se trata de una ofensiva que se ha desplegado con mucha intensidad y no poco éxito no solo en Chile sino que en la mayoría de los países de América del Sur. Se busca propinar a la izquierda y al progresismo una derrota cultural que inhiba por un tiempo largo los movimientos de cambio.

Es mérito del anterior gobierno haberse atrevido a producir transformaciones profundas en la educación, los derechos reproductivos de las mujeres, la legislación laboral o la tributación. Si en el corto plazo el juicio ciudadano ha sido en algunas áreas severo, con mayor distancia se apreciará mejor la trascendencia de estos esfuerzos.

La defensa del legado no puede, sin embargo, transformarse en el corazón de la propuesta del progresismo para el nuevo período. Las grandes batallas por la interpretación del pasado son propias de los historiadores. En la política lo que cuenta es la lucha por el futuro. El acento debe estar puesto en aquello que responda a los anhelos y sueños de grandes mayorías en búsqueda de nuevas oportunidades.

La experiencia desde 1988 en adelante es ilustrativa al respecto. El plebiscito de octubre de ese año se ganó porque fuimos capaces de proponer un futuro que dejara atrás la noche negra de la dictadura. Se habló de la alegría que venía, luego con Aylwin de cómo la gente ganaría y con Frei Ruiz-Tagle del salto al desarrollo. Ricardo Lagos ganó las primarias de la Concertación con la promesa de mañana será otro Chile y luego, con la de crecer con igualdad, la elección presidencial. Por su parte, Michelle Bachelet ganó sus dos campañas planteándose ella misma como una gran promesa de renovación de la élite gobernante. En sentido inverso, la derrota de la segunda campaña de Frei Ruiz-Tagle el 2010 y la más reciente de Alejandro Guillier, tienen en común la ausencia de una promesa nítida de futuro.

Es responsabilidad principal de la dirigencia política, y no de la expresidenta, construir una nueva oferta. Conviene tener presente el riesgo de que en el vacío, la defensa del legado pueda adquirir una centralidad que termine por anclar a fuerzas importantes del progresismo en el pasado. Por esa vía no será posible reconstruir una mayoría. El legado tiene a su haber la historia como posibilidad de imponerse. En ella la gratuidad o el aborto en las tres causales ocuparán un lugar importante. Pero, en lo inmediato, el legado seguirá siendo objeto de fuerte controversia al interior mismo de la propia izquierda.

Urge en consecuencia elaborar propuestas que permitan clavar la mirada hacia adelante. El gobierno del Presidente Piñera no puede continuar jugando prácticamente solo. La calidad de la política se mide por la calidad de la acción gubernamental, pero también por la calidad de la oposición. Para alcanzar una nueva proyección, el progresismo no puede limitarse a batallas de retaguardia y a acciones puramente reactivas a las iniciativas del gobierno.