SEÑOR DIRECTOR:

Paulina Urrutia, en su asertiva columna del 17 de febrero, expone pormenorizadamente los desmadres del juez Daniel Urrutia, que muestran el riesgo subyacente de una “instrumentalización institucional para agendas políticas o ideológicas”, fenómeno conocido comúnmente como “activismo judicial”. Todo indicaría que las decisiones judiciales de dicho juez están “al servicio de una causa política”. Probablemente se trata de un caso icónico, pero lamentablemente no es el único ni el primero que, desde la judicatura, intenta imponer su particular visión política acomodando la ley a su amaño.

Esta situación la vienen denunciando, por años, los militares procesados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, se han encontrado con una muralla de silencio, quizás porque disciplinadamente cumplen las sentencias, aunque sean claramente arbitrarias, sin hacer huelgas de hambre; y a nadie le conviene remover este incómodo asunto que no ofrece ningún rédito político. Así, amparados en la independencia del Poder Judicial, todos vivimos felices enviando a prisión a los únicos supuestos responsables de la tragedia de 1973.

Recién ahora, cuando el activismo judicial se ha ampliado a esferas más allá de condenar a militares, ha surgido la inquietud por un mayor apego a la letra y sentido de la ley, evitando fundamentar resoluciones recurriendo al amplio baúl de normas internacionales, a veces ni siquiera suscritas por Chile.

Miguel A. Vergara Villalobos