Por Cristóbal de la Maza, Centro de Políticas Públicas Universidad San Sebastián y ex superintendente de Medioambiente

El lunes 13 de junio de 2022 marca un hito en nuestra historia. Se publicó en el Diario Oficial la Ley Marco de Cambio Climático con el objetivo de aumentar la resiliencia del país a sus efectos adversos y transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones. Nos convertimos en uno de los pocos países del mundo en comprometer por ley el reducir a cero nuestras emisiones netas al 2050. Descarbonizar nuestra economía abre oportunidades de mayor productividad y crecimiento.

Este es solo el comienzo de un camino no exento de dificultades. Es difícil verificar si se cumplirán metas al 2050. La prioridad es establecer metas intermedias, que permitan evaluar si se implementaron acciones efectivas. Nuestro compromiso establece como meta de mediano plazo una reducción de emisiones del 30% al 2030 por medios propios. No obstante, la ciencia pide reducir emisiones netas en un 45% al 2030, lo que se alcanzaría con financiamiento internacional. La ley permite aumentar nuestra ambición climática.

A su vez, debemos poner en marcha mecanismos que establezcan límites máximos de emisión a sectores industriales, del transporte o residenciales. Para esto la ley provee de un instrumento eficiente y poderoso, la creación de un mercado que exige estándares de emisiones a los contaminadores y autoriza el intercambio de certificados de reducción de emisiones, que ofrecen flexibilidad en su cumplimiento. Mientras más disminuimos los costos del control de la contaminación, mayor podrá ser nuestra ambición climática.

La ley permite prescribir a cada fuente emisora su cantidad máxima de emisión de gases de efecto invernadero u otros forzantes climáticos, utilizando como referencia las mejores técnicas disponibles. No obstante, esta facultad debe ejercerse con mesura. La alta inflación y los riesgos de recesión demandan moderar los efectos no deseados de la ley, bajo una visión ecológica integral. La misma ley anticipa esto y permite estándares diferenciados según criterios de equidad, previniendo impactos económicos y sociales.

A pesar de estos avances, existen algunas amenazas que pueden retrasar esta agenda. La inminente presentación de la reforma tributaria promete activar el debate sobre la conveniencia de aumentar impuestos verdes. Si se quiere aumentar la recaudación fiscal, a primera vista parece atractivo aumentar estos impuestos, aunque ello es contraproducente. La reforma del 2020 corrigió el impuesto a fuentes fijas creando incentivos para reducir emisiones mediante compensaciones, a costa de recaudar menos tributos.

Si bien el impuesto vigente de US$ 5 por tonelada de CO2 es bajo, alcanzar altas metas por esta vía requeriría aumentarlo al menos diez veces, sin excepciones posibles, lo que puede generar el traslado de parte de la industria a países con menores exigencias. Asimismo, aumentar la base de emisores gravados puede impactar negativamente el empleo, al incorporar costos adicionales a empresas de menor tamaño, empeorando el actual escenario de desaceleración económica.

Ante impactos de gran escala, rapidez e intensidad como los del cambio climático, la teoría indica que es más conveniente fijar un límite a las emisiones en vez de su precio. A pesar de esto, mercados de carbono e impuestos son instrumentos compatibles, con este último actuando como precio mínimo. En el futuro, lo recomendable es mantener el impuesto actual o incrementarlo marginalmente. Los esfuerzos deberían centrarse en unificar los sistemas de compensación de ambos mecanismos que entran en vigor el 2023. Pasar del discurso a la acción requiere de responsabilidad. Esperamos que esa sea la senda que se privilegie.