Ley de Transparencia

SEÑOR DIRECTOR

En agosto se cumplen 10 años desde que se publicó la Ley de Transparencia, la que sin duda ha marcado un hito en la relación entre el Estado y el ciudadano. Por una parte, pone a disposición información básica sobre la gestión pública, así como también permite solicitar otra información que se considere necesaria para ejercer derechos. Mientras que, en el caso de los medios de comunicación, ha permitido la realización de investigaciones que han develado casos de alto interés público.

Si bien nuestro país ha sido bien evaluado en los estándares internacionales por contar con un órgano garante de este derecho que es autónomo de los otros poderes- lo que sin duda es un gran avance-, a una década de esta legislación y tal como lo ha indicado el gobierno, parece necesario evaluarla y realizar los perfeccionamientos necesarios.

Grosso modo, dichas revisiones deberían abordar cómo la tecnología puede aportar a la transparencia y el acceso a la información -algo que probablemente no estuvo muy presente en su discusión hace 10 años-; cómo la información que se entrega por transparencia activa puede ser realmente útil para la ciudadanía -focalizando por sectores-; revisar una serie de causales de reserva que se han mal utilizado para no entregar información; y, equiparar las obligaciones de transparencia y derecho de acceso de la administración del Estado a los órganos autónomos, principalmente al Congreso, de la mano de fiscalización externa.

Por otra parte, para evitar jurisprudencia contradictoria o hasta regresiva, se hace necesario consagrar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública de manera expresa en nuestra Constitución. Es lamentable que esta reforma que ingresó el 2013 se encuentre paralizada en el Senado por la duda que generó en algunos parlamentarios sobre su implicancia en el Congreso.

Como se suele decir, la transparencia llegó para quedarse, pero además se debe avanzar en los espacios que aún muestran resistencias y se debe reevaluar a la luz de los avances tecnológicos. En buena hora el gobierno ha entendido esto y esperamos que sea un proceso que incorpore las visiones tanto de los órganos del Estado como de la sociedad civil y la ciudadanía.

María Jaraquemada

Directora de Incidencia de Espacio Público