SEÑOR DIRECTOR
La discusión en torno a la libertad de enseñanza en la nueva Constitución, específicamente el derecho de los padres -y madres- a elegir la educación de sus hijos, ha copado la agenda.
Preocupa, sin embargo, la falta de rigor en el debate, en el que incluso hemos visto al Presidente de la República dando mensajes que desinforman y podrían instalar una verdad que no es tal. En su cuenta de Twitter, señaló que “una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”. Este texto parece ignorar, sin embargo, que aún no se están debatiendo contenidos respecto a los derechos de la Constitución. Mensajes como estos pueden generar confusión, dificultando un debate que merece argumentación y profundidad, más que temor y superficialidad.
El nuevo texto constitucional debe priorizar el derecho a la educación y resguardar la libertad de enseñanza, el desafío es cómo compatibilizarlos, entendiendo que el sujeto de derecho son los niños y niñas, y que la libertad de enseñanza debe estar al servicio del derecho a la educación y de la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y humana. Esto implica trascender a una visión de libertad de enseñanza entendida netamente como la libertad de privados de abrir establecimientos educacionales, en una lógica de mercado.
El punto de fondo no es que no exista libertad de enseñanza, sino cómo queda establecida en la Constitución, para resguardar que ésta fortalezca un sistema educativo diverso, pluralista e inclusivo, y que no entre en conflicto con el derecho a la educación. El debate debe ser abordado, cuando corresponda, con la honestidad y complejidad que requiere un desafío de máxima importancia como éste. El futuro de la educación de nuestro país así lo exige.
Alejandra Arratia M.
Directora ejecutiva Fund. Educación 2020
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