SEÑOR DIRECTOR:

Los consejeros/as constitucionales que sean electos este domingo comenzarán su trabajo con la propuesta que está siendo ajustada por la Comisión Experta. Sobre esto último debemos prestar especial atención como ciudadanía y sociedad civil.

Desde Educación 2020 hemos propuesto un decálogo en el cual relevamos que el sujeto de derecho a la educación son niños, niñas, adolescentes y personas que en cualquier etapa de su vida participen del sistema educativo.

Ante esto, vemos con preocupación que en la actual propuesta y en ciertas enmiendas, se mantenga un tono de desconfianza en torno a la libertad de enseñanza. Es urgente resolver este nudo crítico que no supimos abordar en el proceso anterior.

La libertad de enseñanza debe contribuir a la diversidad y el pluralismo del sistema educativo, pero siempre al alero del interés superior de la niñez. Su excesivo protagonismo colisiona directamente con el derecho a la educación, e incluso pudiera hacer retroceder en los acuerdos país que se han alcanzado en procesos legislativos.

Sin importar la dependencia (pública, privada o particular subvencionada), el Estado debe tener el rol ineludible de resguardar que los establecimientos educativos cumplan con los requisitos que aseguren calidad educativa, regular y supervigilar bajo los mismos criterios, y propiciar que el currículum nacional establezca un alto estándar de aprendizajes para el pleno desarrollo de las personas y el país.

De lo contrario, perdemos de vista que el derecho a una educación de calidad es de niños, niñas y jóvenes, y nos arriesgamos a profundizar un sistema altamente segregado.

Jorge Ibáñez

Director de Política Educativa de Educación 2020