Los niños pagan la tragedia dos veces

En Chile se usa un criterio absoluto para definir pobreza de ingreso: se establece un umbral mínimo para satisfacer necesidades básicas, bajo el cual el hogar o individuo se identifica en situación de pobreza. Asimismo, contamos con una medida de pobreza multidimensional que considera umbrales en educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, redes y cohesión social.

Según estas mediciones en el 2017, última cifra disponible, un 8,6% de la población se encontraba en situación de pobreza de ingresos y un 20,7% en la medida multidimensional.

De acuerdo a simulaciones del FMI, la pobreza de ingresos habría aumentado desde el 8,6% antes mencionado al 12,2% de la población entre 2017 y 2020. En el mismo informe se señala que este aumento hubiera sido del 18,8% sin mediar las medidas de mitigación del gobierno como el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del empleo, y el ingreso mínimo garantizado entre otros. Estas simulaciones se basan en una serie de supuestos sobre la focalización y cobertura de los programas gubernamentales, así como sobre los shocks al empleo en distintos sectores económicos. La validez de estos supuestos, así como la situación en pobreza multidimensional, podrán ser evaluados una vez que la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen 2020) se encuentre disponible.

Sin embargo, los resultados del FMI indican que la política social habría permitido suavizar el efecto de la caída de ingresos de los hogares producto de la pandemia.

Al mismo tiempo, las simulaciones también darían cuenta de que existe un grupo que ha visto disminuido sus ingresos a niveles inferiores a los necesarios para satisfacer sus necesidades mínimas.

En perspectiva, el porcentaje de personas en situación de pobreza pos medidas de mitigación sería comparable al nivel de pobreza en el 2015, y sin estas medidas, superior al 2013. Esto es, la pandemia nos estaría haciendo retroceder casi 10 años en pobreza de ingresos. Estos efectos serían mayores en hogares con mujeres jefas de hogar.

Este aumento en la pobreza tiene expresiones dramáticas como la inseguridad alimentaria y el aumento de los campamentos. De acuerdo a la Encuesta Social Covid-19 publicada por el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, en noviembre-diciembre del 2020, el 11,5% de la población tenía inseguridad alimentaria moderada o severa (severa es quedarse sin alimentos y eventualmente pasar un día o varios sin comer). Según el Catastro Nacional de Campamentos 2021, las familias viviendo en campamentos aumentaron un 73,5% respecto al 2019.

Vivir en pobreza en la niñez tiene efectos de largo plazo. Existe una larga literatura que documenta cómo las circunstancias que viven las madres en su embarazo y posteriormente se viven en la niñez tienen efectos en salud, educación, salarios y mortalidad en el corto y largo plazo. Estos eventos pueden ser económicos (como crisis, épocas de sequías en lugares fuertemente agrícolas, períodos de hambruna), o de otra índole (como situaciones de estrés producto de atentados).

El aumento de la pobreza, catalizada, por ejemplo, en la vivencia de campamentos, sumado al cierre de escuelas, las dificultades de conexión para mantener un aprendizaje virtual y las cuarentenas extendidas, ubican a las generaciones jóvenes frente a desafíos mayores.

En resumen, a pesar de la ayuda del Estado, las generaciones jóvenes podrían enfrentar importantes efectos de largo plazo.

Por otro lado, la literatura muestra que diversas intervenciones en la infancia pueden tener efectos positivos de largo plazo. En Estados Unidos, por ejemplo, existe evidencia de que el acceso a programas de vouchers para compra de alimentos (foodstamps) para madres embarazadas y en la infancia, disminuye la incidencia de ciertas enfermedades, y aumenta la suficiencia económica de las mujeres. Asimismo, el acceso a programas de educación parvularia (Head start) disminuye la mortalidad infantil y aumenta la educación.

La pandemia está generando un profundo impacto en la niñez. Los retiros de fondos de pensiones están dejando una factura importante en esta generación, quienes habiendo vivido la crisis del Covid-19 deberán en el futuro sustentar la vejez de parte importante de los adultos actuales.

La equidad intergeneracional requiere perseverar y expandir políticas focalizadas en este segmento de la población. Se debe evitar que los niños paguen por la tragedia dos veces.