El 30 de abril del presente año, el Ministerio Público en su cuenta anual informó que el 2024 Chile alcanzó la cifra más alta de delitos sexuales ingresados en su historia. De las 56.343 víctimas registradas, más de 39.000 eran menores de edad, cerca del setenta por ciento. Ese mismo año también se logró el mayor número de juicios orales y condenas por estos ilícitos. Hace solo algunos días, World Vision Chile, en el marco de la conmemoración por la prevención del abuso sexual infantil, informó que las denuncias por este delito habrían aumentado en un ciento ochenta y seis por ciento entre 2018 y 2024. Por su parte, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI ha reportado una tendencia similar, sostenida al alza en denuncias, detenciones y procesos penales vinculados a estos delitos.

Frente a este fenómeno suelen surgir dos interpretaciones. La primera, directa, sencilla y aparentemente lógica, sostiene que hoy se cometen más delitos sexuales que antes en Chile. Si aumentan los casos, aumentan las denuncias, las detenciones y las condenas. La segunda explicación, mucho más compleja pero a mi juicio más realista, indica que no necesariamente estamos ante un incremento proporcional de hechos delictivos, sino ante un país que ha comenzado a denunciar más y de forma gradual. Es decir, delitos que siempre existieron, pero que durante décadas permanecieron bajo el silencio, el miedo o la incredulidad social, reflejando así cifras distorsionadas.

Para explicar este fenómeno resulta necesario observar la transformación social y cultural de los últimos años. Casos emblemáticos, globales y locales, como “La Manada” en España, el proceso contra Harvey Weinstein en Estados Unidos o el juicio contra Martín Pradenas en Chile, abrieron un debate público imposible de soslayar. Estos episodios expusieron dinámicas de abuso largamente normalizadas y generaron una reacción social que encontró en el movimiento feminista un motor decisivo. La indignación colectiva se tradujo en exigencias concretas, obligando al derecho, siempre tardío y reactivo, a actuar y adecuarse a una realidad que se imponía desde la ciudadanía.

Los cambios legislativos de la última década reflejan este proceso. La ley que estableció la entrevista única videograbada para víctimas menores de edad redujo la revictimización y profesionalizó la toma de declaración. La obligación del Ministerio Público de investigar con perspectiva de género y de informar oportunamente a las víctimas fortaleció la posición de estas en el proceso. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, vigente desde 2019, reconoció una verdad dolorosa, que muchas víctimas solo pueden hablar años después. A ello se suman reglas procesales que limitan preguntas basadas en estereotipos y prácticas denigratorias, la prohibición de publicar datos personales de las víctimas y la creación de fiscalías de género especializadas en este tipo de investigaciones.

Todos estos avances han contribuido, en mi opinión, a que hoy existan condiciones más seguras y favorables para denunciar. Lo anterior no significa que la violencia sexual sea entonces un fenómeno nuevo, sino que por primera vez contamos con herramientas institucionales y culturales que permiten dimensionarlo de un modo más real. La cifra negra, esa porción silenciada de delitos que nunca llegó a conocimiento del sistema penal, parece estar viendo progresivamente la luz y revelando una magnitud mucho mayor de la que estimábamos.

Dicho lo anterior conviene ahora preguntarse, ¿se cometen hoy más delitos sexuales, o simplemente se denuncian más? ¿Cuántos se cometían antes sin que nadie los denunciara? ¿Puede este incremento estadístico explicarse no solo por el aumento de casos, sino también por este proceso socio-cultural que hemos venido experimentando?

Por Nelson Salas, abogado