Medicamentos de alto costo: ¿A cualquier precio?

La situación descrita en el reportaje "La pugna judicial por los medicamentos de alto costo" se ha convertido en un desafío para la salud pública como también para el aseguramiento privado, ante la aparición de nuevos fármacos que prometen curar o paliar los efectos de algunas enfermedades graves -como el caso del Nusinersen o Spinraza, para el AME-, pero a costos millonarios y muchas veces insostenibles. La problemática se ha agudizado de la mano de los tribunales, que han acogido los reclamos de los pacientes -quienes legítimamente buscan alternativas para tratar sus enfermedades-, pero que no han considerado en sus dictámenes qué mecanismos deberían existir para resolver la disyuntiva de maximizar el beneficio de los recursos que el país puede destinar para la salud de sus ciudadanos.

Casos como el del AME son solo la punta del iceberg de este problema, pues cada año surgen nuevos tratamientos farmacológicos de última generación, además de cientos de estudios en curso para acreditar otros, cuyo precio es fijado en cientos de miles o hasta millones de dólares por los laboratorios fabricantes y que de no mediar intervención, pueden hacer colapsar cualquier sistema de salud, incluido el de Chile. A ello se agrega un elemento adicional igual de preocupante: según una reciente publicación de The Economist, titulada "¿Por qué las organizaciones benéficas más grandes de Estados Unidos son propiedad de compañías farmacéuticas?", las grandes farmacéuticas de ese país han creado enormes fundaciones que incentivan el uso de costosos tratamientos, a través del financiamiento del copago, lo que les permite aumentar prácticamente sin límites el precio que pagan las aseguradoras, públicas o privadas. Así, el altísimo precio que fija la industria farmacéutica por estos tratamientos no tiene relación con el costo de producirlos, ni la inversión en I+D realizada, sino que con la distorsión que se produce cuando los sistemas de salud están obligados a dar cobertura a cualquier precio.

Este alarmante escenario abre una oportunidad para discutir el problema entre todos los actores de nuestro sistema de salud, de forma de buscar una solución que sea sostenible y equilibrada, antes de lamentar una situación irrefrenable. Para esto debemos mirar cómo se ha enfrentado este problema a nivel internacional, donde destaca la necesidad de una institucionalidad dedicada a evaluar de forma objetiva la eficacia de estos tratamientos, los posibles beneficios para los pacientes, los costos asociados y cómo accede el país a condiciones razonables para el financiamiento.

Un caso interesante es el de Reino Unido, que de la mano del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) ha establecido reglas claras para responder a la creciente demanda de avances médicos y a la presión que ejercen los laboratorios internacionales. Bajo estrictos indicadores de costo-efectividad, el NICE ha limitado el libre acceso a los nuevos tratamientos, logrando que algunas de farmaceúticas se hayan visto en la obligación de reducir sus precios para que sus medicamentos ingresen al sistema de salud.