El debate sobre la baja natalidad ha omitido su consecuencia más inmediata: el efecto sobre el sistema escolar que deberá educar a las cohortes actuales y próximas. Tres temas quedan en riesgo a la vez: la calidad de la educación, la libertad de las familias para elegir el proyecto educativo de sus hijos y la provisión mixta que vuelve efectiva esa elección. La política pública se ha concentrado principalmente en las causas de la baja fecundidad, mientras sus efectos ya se manifiestan en las aulas. Una señal de ello es que la Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace no considera la educación entre sus ejes.

Ocuparse de esto es urgente. Según proyecciones del INE sobre el Censo 2024, en cuatro años el sistema perderá 267 mil niños y jóvenes en edad de asistir a la escuela: la población de 6 años cae 18,9% entre 2026 y 2030, y 48,6% hacia 2050. Traducido al aula, un primero básico que hoy promedia 25 alumnos tendrá 20 en 2030 y apenas 13 en 2050. Como el descenso se origina en cohortes ya nacidas, no admite reversión: hacia 2030, al término del actual período presidencial, el deterioro alcanzará una magnitud difícil de administrar.

El problema central es cómo esta caída afecta la capacidad de las escuelas para ofrecer educación de calidad. El sistema chileno financia siguiendo al estudiante: los recursos llegan según la asistencia, lo que resguarda la libertad de elección de las familias y, como muestra la evidencia comparada, sostiene el acceso y la permanencia escolar. Sin embargo, buena parte de los costos de un colegio, como remuneraciones e infraestructura, no se ajustan a igual ritmo. Cuando los ingresos se desploman –y no existe la posibilidad de recurrir al copago- algunos de los gastos que pueden verse afectados en el corto plazo son aquellos vinculados directamente a los aprendizajes, como los recursos educativos y el apoyo pedagógico. Ese es el riesgo de fondo: que la calidad comience a deteriorarse mucho antes de que un establecimiento llegue al cierre.

El impacto es asimétrico. Los colegios particulares subvencionados no perciben los aportes basales de los establecimientos públicos y operan con menores recursos por alumno, incluso al considerar la vulnerabilidad y necesidades educativas especiales. Según las rendiciones de cuentas ante la Superintendencia de Educación, en 2024 el 31% ya registraba ingresos inferiores a sus gastos; proyectada sobre la contracción de población del INE, la cifra asciende a 47% en 2028 y 57% en 2030. Hacia ese año, la mayoría del sector quedaría en déficit operacional. Tampoco se trata de un fenómeno nuevo: el BID documentó que ya en 2015 el 22% operaba con déficit estructural. La baja natalidad no origina esta fragilidad, pero podría profundizarla.

Una posible respuesta no requiere alterar la lógica del sistema. Consiste en reconocer una relación aritmética elemental: si disminuyen los niños, disminuyen los ingresos. Lo procedente es incrementar la subvención por alumno conforme cae la cohorte nacional de cada grado, con un tope, manteniendo constante el gasto total. De esta forma, los recursos destinados a una generación siguen orientados a calidad y aprendizajes. Ese aporte se entregaría inicialmente a todas las escuelas, para evitar que la caída del financiamiento afecte transversalmente la calidad, pero sujeto a reglas claras: tras un período de gracia, dejarían de percibirlo aquellas que presenten desempeño insuficiente. La medida debiera complementarse, además, con mecanismos ordenados de cierre y fusión, que permitan ajustar la red de manera gradual y evitar cierres abruptos.

El escenario de caída en la cantidad de niños no debe verse como un posible ahorro, sino como un riesgo de desfinanciamiento de la red escolar y un golpe directo a los aprendizajes. Por eso resulta importante que los recursos permanezcan en educación y no se trasladen a otras partidas del gasto público.

Además, lo que está en juego no es solo presupuestario. Los primeros establecimientos en afectarse no son los de peor desempeño, sino muchos de los que hoy obtienen buenos resultados a igual nivel de vulnerabilidad. Su eventual cierre podría dejar a familias sin la escuela que eligieron, contraería la provisión mixta y limitaría la libertad de elección. Tenemos el diagnóstico y una solución fiscalmente neutra sobre la mesa. Resguardar la calidad y un sistema que permita a las familias elegir requiere decidir ahora, mientras todavía es posible hacerlo de manera ordenada.

Por Francisca Espinoza, directora de Estudios Acción Educar