La decisión del Presidente Kast de convocar a una nueva comisión asesora de modernización del Estado guarda cierto parecido con el eterno retorno de lo igual. Desde el retorno a la democracia, Chile ha impulsado distintas agendas: evaluación de programas, incentivos al desempeño, profesionalización directiva, transparencia y transformación digital.

En ese recorrido se han convocado expertos, creado comisiones y promovido reformas legales. No sorprende, entonces, que se recurra nuevamente a una comisión. Esta vez, sin embargo, el punto de partida parece distinto: la agenda del gobierno es reducir el tamaño del Estado en gasto, organismos y dotaciones. El problema es confundir reducción con modernización.

Reducir ministerios puede ser una decisión política legítima, pero no hace por sí sola que el Estado funcione mejor. La modernización debiera medirse por su capacidad para transformar decisiones políticas en servicios oportunos, coordinados y de calidad.

Eso exige abordar problemas menos visibles. Uno es la fragmentación de funciones: organismos con competencias superpuestas, programas similares sin suficiente coordinación y responsabilidades dispersas. Otro es la debilidad de implementación: Chile produce leyes, planes y programas ambiciosos, pero no siempre asegura capacidades, información y recursos para ejecutarlos. A ello se suma la brecha entre el diseño central y la prestación territorial, donde municipios y servicios regionales operan con capacidades muy desiguales.

También está la gestión de personas. Modernizar requiere fortalecer un servicio civil profesional, seleccionar directivos por mérito, desarrollar capacidades especializadas y preservar memoria institucional. Supone además interoperabilidad, mejores datos y evaluaciones capaces de corregir políticas, no solo registrar su cumplimiento.

Por eso, antes de fusionar o eliminar ministerios habría que responder preguntas menos vistosas: ¿qué funciones debe garantizar el Estado?, ¿quién responde por ellas?, ¿dónde existen duplicidades y vacíos?, ¿qué procesos pueden simplificarse?, ¿qué capacidades podrían perderse con una fusión? y ¿cuánto costaría la transición?

Sin ese diagnóstico, reducir estructuras puede aumentar los problemas. Una fusión mal diseñada puede crear organizaciones inmanejables, extender cadenas de decisión, debilitar especialidades técnicas o trasladar duplicidades a subsecretarías y servicios. La arquitectura institucional importa, pero debe ser consecuencia de revisar funciones, procesos y capacidades, no su punto de partida.

Y es precisamente allí donde la comisión muestra su principal debilidad. Entre sus integrantes sobra experiencia en conducir políticamente el Estado, pero es mucho menos visible la experticia necesaria para rediseñarlo. Haber sido ministro, parlamentario o autoridad pública entrega conocimiento sobre cómo se toman decisiones; no acredita, por sí mismo, conocimiento especializado sobre diseño organizacional, gestión de personas, capacidades institucionales o implementación. Confundir ambas cosas es especialmente problemático cuando el encargo consiste en reformar la maquinaria estatal. No se trata de cuestionar la legitimidad de sus trayectorias, sino su idoneidad para la tarea encomendada. Una comisión integrada fundamentalmente por políticos puede representar acuerdos políticos, pero difícilmente puede presentarse como una comisión de expertos en modernización del Estado.

Por Nicolás Didier, académico de la Facultad de Gobierno, Universidad de Chile