La indispensable regulación de las redes sociales
La adicción que las redes sociales generan sobre todo en niños y adolescentes justifica avanzar en una legislación que regule y limite el acceso a sus contenidos. El acuerdo judicial que alcanzó Meta en Estados Unidos entrega un importante precedente.

Pese a que más de cinco mil millones de personas utilizan redes sociales en todo el mundo -número que irá aumentando a futuro-, es un ámbito donde las regulaciones en el uso de estas tecnologías aún son muy dispersas o incluso inexistentes en muchos países. Si bien estas redes tienen efectos positivos como la posibilidad de crear comunidades, compartir información, generar sentido de pertenencia y entretención, también es un hecho que dichas tecnologías se han diseñado con algoritmos capaces de crear adicción a la pantalla, activando los centros de recompensa en el cerebro, similar a lo que ocurre con las drogas.
La mayor preocupación se ha centrado en niños y adolescentes, que ya representan alrededor de un tercio de todos los usuarios de redes sociales. Esto de suyo constituye un enorme desafío, porque precisamente se trata de segmentos que están en plena fase de desarrollo de su personalidad y aprendizaje de habilidades sociales, por lo que su exposición sin control a contenidos negativos o que pueden inducir a trastornos de la personalidad es uno de los mayores riesgos. Para el caso de Chile -que no cuenta con ningún tipo de regulación en esta materia- los datos son elocuentes. Estadísticas de la OCDE muestran que los jóvenes chilenos de 15 años lideran el consumo, con 45 horas semanales, superando el promedio del bloque. Otros estudios hechos en Chile muestran que se ha podido constatar que el 43% se queda despierto mirando el celular después de acostarse, algo que ocurre prácticamente todos los días, lo que conlleva efectos en menor rendimiento escolar y trastornos de sueño.
Un reportaje publicado por este medio sobre el impacto de los algoritmos en adolescentes en nuestro país, recoge el testimonio de una especialista que se encarga de ilustrar a los padres no familiarizados con las redes qué tipo de contenidos son los que consumen los menores de edad, preguntándoles “¿ustedes saben lo que ven sus hijos”? Para ello creó dos perfiles falsos, de un niño y una niña, y las conclusiones son elocuentes: el algoritmo en el perfil femenino mostró videos de trastornos alimentarios y autolesiones. En el caso del perfil masculino, el contenido era especialmente intenso en apuestas de fútbol, videojuegos y alusiones pornográficas.
En nuestro país ya se ha regulado el uso de celulares en colegios, lo que sin duda fue un paso relevante, pero es necesario avanzar hacia las tendencias que ya se observan en otros países, donde la regulación de redes sociales para niños y adolescentes ha pasado a ser un tema de primer orden. El tema ha cobrado particular actualidad esta semana, luego del acuerdo judicial que alcanzó Meta -que controla plataformas como Instagram y Facebook- con fiscales de 48 estados de Estados Unidos, en el marco de una demanda que se presentó en su contra, acusándola de diseñar intencionalmente funciones adictivas dirigidas a niños y adolescentes, la compañía acordó pagar hasta US$ 17 mil millones -además de comprometerse a implementar una serie de mecanismos de resguardos que faciliten el control parental y reduzcan el tiempo de exposición a las pantallas- para así evitar demandas que podrían haber representado indemnizaciones por más de US$ 200 mil millones. Aunque Meta y otras compañías siguen argumentando que los algoritmos son neutrales, el paso que se ha dado marca un importante precedente, no solo porque entrega orientaciones sobre el tipo de regulaciones que se deberían implementar, sino porque hay un reconocimiento implícito del riesgo adictivo que pueden generar las redes sociales, sobre todo en menores de edad. Uno de los argumentos que precisamente utilizó la Fiscalía es que Meta se “aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores”.
En el Congreso ya se han presentado una serie de proyectos de ley que buscan regular el uso de las redes sociales, emulando las experiencias de países como Australia -que ha sido pionero en este tipo de legislaciones, al prohibir el acceso a redes a menores de 16 años-, o el caso de Dinamarca, que restringe las redes a menores de 15 años, permitiendo el acceso entre los 13 y 14 años solo con consentimiento parental. Así, una de las propuestas busca prohibir el ingreso, registro y uso de redes sociales a menores de 14 años, mientras que hasta los 16 años el acceso se permitiría, pero solo con autorización de los padres, tutor o curador. Se obliga asimismo a las plataformas a implementar sistemas de verificación de identidad y edad, exigiendo la eliminación de aquellas cuentas que incumplan los requisitos de edad, además de contemplar la aplicación de multas.
Aun cuando el país está sumido en debates que han capturado la atención del gobierno y la clase política -como es el caso de la reactivación económica, y ahora la agenda de seguridad-, la regulación de las redes sociales debe asumirse con la urgencia que amerita el tema, y contar pronto con una legislación que siga las tendencias modernas, tomando en cuenta que varios países desarrollados están en pleno diseño de algún tipo de regulación. Cabe considerar que más allá de que Meta haya asumido una serie de compromisos que se irán desplegando en el tiempo, estos rigen para Estados Unidos, y dado que hay varias otras compañías que siguen ofreciendo sus redes sin estas limitaciones, contar con una legislación propia se hace indispensable.
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