El propio gobierno ha señalado que la transición energética no debe entenderse como un costo, sino como una inversión para el futuro de Chile. En GPM A.G. compartimos plenamente esa visión.

Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) son prueba de ello: con más de 3.200 MW instalados a lo largo del país, han movilizado inversiones por miles de millones de dólares, generando empleo local, aportando resiliencia al sistema y acercando energía limpia a las comunidades.

Sin embargo, la propuesta de modificación al Decreto Supremo N°88 de 2020 amenaza con poner en riesgo no solo la continuidad de este desarrollo, sino también nuevas oportunidades de inversión que el país no puede desaprovechar en un contexto de bajo crecimiento económico.

La primera fuente de preocupación es el mecanismo de precio estabilizado, un derecho consagrado en la Ley General de Servicios Eléctricos y pieza clave para la viabilidad de los PMGD. Este instrumento ha permitido que proyectos de pequeña y mediana escala accedan a financiamiento, al ofrecer estabilidad en sus ingresos frente a la imposibilidad de negociar contratos con grandes clientes.

La propuesta ministerial lo transforma en un esquema de reliquidaciones anuales sujeto a la volatilidad del mercado spot, dejando de ser un verdadero mecanismo de estabilización. El resultado sería mayor incertidumbre para inversionistas y bancos, debilitando la confianza y limitando nuevos desarrollos.

A esto se suma la facultad que se pretende otorgar al Coordinador Eléctrico Nacional para revocar el autodespacho de PMGD sin criterios claros, introduciendo discrecionalidad y un riesgo operativo adicional que no se condice con la seguridad regulatoria que requiere el sector.

Pero quizás la señal más contradictoria con la visión de “transición como inversión” es la discriminación de la que son objeto los PMGD con precio estabilizado (especialmente el establecido bajo el derogado DS 244), que quieran incorporar almacenamiento a su planta de generación.

De acuerdo con la propuesta del Ministerio, estos PMGD, si incorporan sistemas de almacenamiento, pierden su derecho al precio estabilizado al que están sujetos y que tenían asegurado al momento de hacer sus inversiones. Chile necesita con urgencia habilitar baterías para enfrentar la sobreoferta solar y desplazar energía limpia hacia las horas de mayor demanda. Aplicar este tipo de sanción a los PMGD sujetos a precios estabilizados no solo es discriminatorio, sino que también significa renunciar a inversiones adicionales por entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones en los próximos cinco años y a su consiguiente impacto positivo en empleo, encadenamientos productivos y reducción de costos sistémicos.

La transición energética no es un costo: es una inversión que Chile debe saber capitalizar. Por eso, más que ajustes parciales a reglamentos, el país necesita avanzar hacia una política clara y sostenida para la generación distribuida, con visión de largo plazo y reglas que promuevan la inversión.

Desde GPM A.G. creemos que los cambios al DS 88 deben alinearse con esa mirada, otorgando certezas, habilitando nuevas tecnologías como el almacenamiento y consolidando a los PMGD como un pilar de un sistema eléctrico más limpio, resiliente y descentralizado.

*El director ejecutivo de GPM A.G.