Con un título similar al que encabeza esta columna, el jueves pasado la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dio a conocer el documento que contiene los resultados de un trabajo realizado por un grupo de 80 personas, la mayoría de ellas vinculadas al mundo empresarial, convocados con el propósito específico de proponer medidas que permitan a la economía chilena levantar el vuelo, luego de un largo período en que el crecimiento del PIB per cápita en Chile ha sido, si no virtualmente nulo, absolutamente insuficiente para que los chilenos y chilenas puedan progresar y poder experimentar una mejora en su calidad de vida. El documento propone 50 medidas (“motores”) para impulsar el crecimiento y la inversión, y la orientación central es la de crear mayores espacios y soltar amarras para que la actividad empresarial pueda desarrollarse con mayor potencia. Temas como la competitividad tributaria, el desarrollo de infraestructura, la necesidad de un mercado de capitales más profundo, una mayor facilidad para contratar trabajadores y acceder a mejor talento ocupan un lugar importante en la agenda anunciada. Pero, con el mismo énfasis, se hace ver también la necesidad de contar con un Estado que acompañe y promueva el desarrollo económico -pero no que lo dirija-, en un contexto en el que se fortalezca el Estado de Derecho en el país y se recupere la seguridad, ambos factores fundamentales para que renazca el espíritu emprendedor y dinamizar la inversión.

Hace unos meses un grupo transversal de 17 economistas, convocado con un objetivo similar en su orientación pero no idéntico al planteado por la CPC, dio a conocer el documento “El Puente”, el que contiene un elaborado diagnóstico y propuestas específicas para retomar la capacidad de crecer al 4 por ciento anual. Para quienes tuvimos la oportunidad -y el privilegio- de participar en ambas iniciativas, es reconfortante constatar no solo la convergencia de opiniones -más allá de los matices que siempre van a estar presentes- en materias fundamentales como, por ejemplo, la necesidad de recuperar la competitividad tributaria, de facilitar la creación de empleos formales de mayor calidad modificando el mecanismo de indemnización por años de servicio, y de modernizar el funcionamiento del aparto estatal en lo referido a la obtención de permisos y a la institucionalidad medioambiental, sino que también la disposición a acercar posiciones buscando puntos de acuerdo. Y un tema específico que merece resaltarse es el referido al rol del Estado. Hay acuerdo tanto en “El Puente” como en el documento de la CPC en el importante rol que debe desempeñar creando las condiciones de entorno que faciliten un desarrollo económico sostenible, pero desempeñando un papel eminentemente facilitador, sin pretender sustituir al mercado en su rol fundamental de canalizar los recursos hacia los distintos sectores productivos de la economía.

A partir de diagnósticos que son cada vez más compartidos, las candidaturas presidenciales ya disponen de buen material para considerar en sus propuestas programáticas.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, UDD