¿Ha mejorado durante los últimos cuatro años la situación económica del país?

En materia de crecimiento económico, dando por ciertas las proyecciones oficiales para el PIB de este año (2,5 por ciento) -lo que a estas alturas no es evidente-, lo que muestran las cifras es una expansión anual promedio del PIB de 1,9 por ciento durante el período 2022-2025, no muy distinta de la que se alcanzó en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet (1,8 por ciento), siendo ambas cifras las más bajas alcanzadas desde 1990, y también inferiores a lo que ha sido el crecimiento mundial promedio en este último cuatrienio (3,4 por ciento).

En lo referido al mercado laboral, la tasa de desempleo actual (8,6 por ciento) está por encima de la que había en los primeros meses del actual gobierno (7,8 por ciento), y todo esto en un contexto en el que aún no se logran recuperar los niveles de ocupación prepandemia: las estimaciones indican que faltan más de 300 mil empleos por recuperar, tomando como referencia la tasa de ocupación en esos años. En cuanto a la situación de las finanzas públicas, la regla de balance estructural establecida a comienzos del período de gobierno no ha logrado cumplirse, los déficits efectivos han superado en forma sistemática las estimaciones iniciales -lo cual se explica fundamentalmente por una sobreestimación de los ingresos fiscales-, y la consecuencia de ello ha sido un persistente aumento en el nivel de deuda pública.

La única área en la que se advierte una mejoría es en lo relativo a la evolución de la inflación, sin perjuicio de que la convergencia hacia el rango meta ha sido más lento de lo esperado. Pero el mérito fundamental en esto radica en la forma como el Banco Central ha venido administrando la política monetaria.

Por todo lo anterior es que llama profundamente la atención la forma en que tanto el Presidente Boric como el ministro Grau se han referido al “legado” económico de su gobierno, con motivo de la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026: un aumento en la capacidad estructural de crecer, en circunstancias de que las estimaciones elaboradas por el comité de expertos se mantienen en torno a 2 por ciento; haber logrado “rebalancear” la macro y combinar responsabilidad fiscal con responsabilidad social subiendo el salario mínimo, en circunstancias de que los desajustes fiscales se han amplificado y que los estudios del propio Banco Central dan cuenta del efecto negativo que ha tenido sobre el empleo las alzas en el salario mínimo.

El exitismo es un mal consejero al momento de elaborar una Ley de Presupuestos, especialmente si quien la va a administrar va a ser un nuevo gobierno. El riesgo de sobreestimar nuevamente los ingresos fiscales obligaría a ajustes adicionales en el gasto público, siendo las nuevas autoridades las que deberán asumir el costo que esto significaría, sin tener ninguna responsabilidad en la génesis del problema.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo