SEÑOR DIRECTOR:

Durante estos meses hemos sido testigos de diversas actuaciones de parlamentarios que denotan conductas irresponsables, irrespetuosas, agresivas, discriminatorias y atentatorias de los derechos de las personas, y que carecen de la lealtad, honestidad, objetividad e imparcialidad que demanda el ejercicio de la función pública que les ha sido encomendada por la ciudadanía, que los mira con estupor y desazón.

La reconstrucción de la confianza en las instituciones y en la función parlamentaria se juega, en buena parte, en la capacidad del sistema de ponerle freno a tiempo a este tipo de actos, que se encuentran proscritos en la Ley Orgánica, en los reglamentos internos y en el Código de Conductas Parlamentarias de la Cámara.

Pero la duda que surge es quién debe ser el llamado a ejercer esa difícil tarea, dando garantías de imparcialidad y objetividad en la aplicación de los estándares de integridad y probidad pública.

Desde 2010, la ley encarga a las comisiones de Ética y Transparencia de ambas cámaras la función de conocer y sancionar, de oficio o a petición de parte, las faltas a la ética parlamentaria. Dichas comisiones son integradas por los propios parlamentarios, control de pares que ha demostrado ser ineficaz, y aplican sanciones de llamado al orden, amonestación, censura y multas (entre el 2% y el 15% de la dieta mensual), las que han sido insuficientes para inhibir el mal comportamiento.

Los hechos ponen de manifiesto la necesidad de contar con un control externo, oportuno y eficaz, que en 2016 se pensó podría recaer en una Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria. Sin embargo, para que esto sea posible, primero será necesario superar las resistencias y las dinámicas internas de poder, para abordar urgentemente este flagelo y evitar que seamos testigos de una escalada de violencia parlamentaria sin precedentes.

Andrea Ruiz Rosas

Abogada y profesora de Derecho Administrativo UAH