No más gasto, sino mejor gasto

A -2,1% del PIB llegará el déficit fiscal estructural el próximo año; 0,7 puntos más que con el presupuesto que el gobierno presentó inicialmente. Esta alza se explica por la llamada "agenda social" que acordó el gobierno y la oposición, en respuesta a la presión que han significado las protestas y la violencia que hace un mes y medio azotan al país.

Esto es una prueba más de la actitud que en los últimos años vienen mostrando los legisladores -salvo honrosas excepciones- que, acostumbrados a no pagar los costos de sus decisiones, se han ido despreocupando por la responsabilidad fiscal. Hoy en día lo más conveniente para ellos parece ser forzar aumentos en el gasto público, aun transgrediendo las atribuciones que les entrega la ley, como si ello bastara para calmar los ánimos y satisfacer las demandas de los grupos de interés del momento. Lo que partió con la gratuidad de la educación superior, ya no sabemos dónde terminará.

El aumento en el déficit fiscal significa que el Estado gastará por sobre sus ingresos durante varios años más, sin embargo, los legisladores parecen no advertir lo que cualquier familia sabe muy bien: que aunque en un determinado momento podemos endeudarnos para consumir más de lo que nuestros ingresos permiten, ello no es sostenible de forma sistemática. Ello explica que el aumento en los gastos permanentes exige un alza en los ingresos permanentes, lo que difícilmente ocurrirá al paso que vamos. Solo en octubre los ingresos fiscales por concepto de IVA se redujeron en casi 9%. Algunos plantean entonces la necesidad de subir los impuestos, pero ello significaría extraer aún más recursos desde las personas que hoy -producto de la misma crisis que se pretende resolver con más gasto público- están disminuyendo sus ventas, cerrando sus negocios, despidiendo gente o perdiendo el empleo.

De esta forma, vemos que el incremento en el gasto público no será una solución sostenible ni efectiva, menos aun considerando la nueva trayectoria económica que nos espera. Ello indica que, tal como ha señalado el ministro de Hacienda, el principal desafío al que la clase política debiese abocarse es a mejorar la eficiencia del gasto. De acuerdo a las evaluaciones de programas públicos que encarga cada año la Dipres -las que cubren solo una fracción pequeña del total-, hay un amplio espacio para avanzar en ese sentido. Desde 2011, más de la mitad de los programas evaluados han obtenido un mal desempeño, lo que significa que anualmente se están malgastando del orden de US$ 4.500 millones -como referencia, la "agenda social" costará en 2020 casi US$ 1.300 millones-. Con todo, antes de seguir endeudándonos o exprimiendo a los contribuyentes, cualquier acuerdo debiera exigir que los legisladores se comprometan con el gobierno para repensar y reorientar estos y otros recursos. Hoy más que nunca, el objetivo debiese ser no más gasto, sino mejor gasto.