No somos Fuenteovejuna



Por Paula Vial, abogada penalista, profesora de Derecho UC

No bien se supo del hallazgo del cuerpo mutilado de la adolescente Ámbar, la rabia cundió en las calles y en las redes. ¿Por qué estaba en libertad un asesino así? ¿Cómo quedó tan desprotegida una niña, a merced de un psicópata como éste? Y comenzó, como es usual, la caza de brujas por encontrar un responsable, más allá del imputado.

Era esperable. El crimen es atroz y probablemente evitable. Por ello, el debate fructífero es el que permite analizar con calma y sin antorchas el cúmulo de errores que pudieron llevar a esto, y las soluciones y protecciones que son necesarias y urgentes.

Existen una serie de problemas estructurales que, insuficientemente abordados, permiten que crímenes como estos ocurran; para horror y dolor de todos. La violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes (NNA) instalada, la crisis endémica del sistema penitenciario, la crisis del sistema de protección de NNA, la falta de recursos y de voluntad política para hacer frente a estos problemas, son parte de las condiciones sociales de base que impiden su solución.

Por ello, es fundamental preguntarse si las amenazas de parlamentarios de acusaciones constitucionales contra los jueces de la comisión de libertad condicional (LC) o los dichos de la subsecretaria de la Niñez en contra de los mismos jueces, despreciando la vital separación de poderes de un estado de derecho como el chileno o su propia condescendencia frente a la pena de muerte, todos desentendiéndose de sus propias omisiones y yerros, colaboran en la desprotección de nuestra sociedad.

Si admitimos que en el fondo es el sistema el que falla, pero aceptando todos el desafío de mejorar las condiciones, podremos avanzar. Esto no es Fuenteovejuna, y se pueden enlistar los eslabones del drama: jueces, parlamentarios, Gendarmería, ministerios de Justicia, Hacienda y Dipres, Sename, encargadas de NNA (Subsecretaría y Defensoría), medios de comunicación, fiscales, policías, abogados y abogadas.

Una reflexión constructiva al respecto es que, si la reincidencia es menor en los casos en que se aplica un sistema progresivo de beneficios (23% en beneficiarios de LC y 58% en quienes cumplen la totalidad de la pena), debemos considerar que uno de los problemas es no tener una ley de ejecución, un sistema penitenciario que funcione, digno, con recursos y el mejor personal, con un sistema postpenitenciario que permita acompañamiento y fiscalización de quienes recuperan la libertad, así como jueces e intervinientes especializados que conozcan de la materia.

Si nos trenzamos en acusaciones cruzadas, no se invertirá en ello y la trágica muerte de Ámbar se zanjará con una funa a los jueces, reabriendo el debate sobre la pena de muerte y con el endurecimiento de las LC. Es más barato y más simple, aunque no solucione nada.

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