Nuevo pacto social en La Araucanía

Por Francisco Bedecarratz, Universidad Autónoma de Chile

El 25 de octubre de 2020, los ciudadanos de nuestro país decidieron construir un pacto social a través de una nueva Constitución que establezca reglas para la convivencia futura. En ninguna otra parte del territorio nacional parece ser más necesario este nuevo entendimiento mutuo que en las regiones de La Araucanía y del Bío-Bío, donde en los últimos cinco meses ya han muerto cinco personas en hechos de extrema violencia vinculados al denominado “Conflicto Mapuche”. En concordancia con lo anterior, una discusión seria sobre la relación que debe primar entre el Estado y el pueblo Mapuche aparece como una prioridad absoluta, para el diálogo constituyente que se está iniciando.

Políticamente, se decidió asegurar 17 de 155 escaños para pueblos originarios, con el fin de generar un diálogo inclusivo que conduzca a una Constitución verdaderamente representativa. Sin embargo, el entendimiento mutuo debe tener como condición esencial el absoluto divorcio de la clase política respecto a la violencia que se está gestando en la Macrozona Sur. Un mínimo de responsabilidad democrática exige que la búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo económico, social y cultural de dicho pueblo, se realice en el marco consensuado a partir del 25 de octubre pasado, sin justificar, de paso, actos de delincuencia común como expresiones de una lucha justa por la autonomía.

En paralelo a la discusión política, la factibilidad de los acuerdos en la materia está sujeta a la convivencia pacífica entre los representados. Lo anterior, pues es inconcebible una Constitución inclusiva y legítima, cuando está en pleno desarrollo un conflicto intercultural en dichas regiones, sumado a una total falta de confianza en la resolución pacífica de los problemas de fondo que afectan al pueblo Mapuche en su relación con el Estado. En caso de persistir la escalada violenta, la legitimidad de los acuerdos tomados pacíficamente por los representantes de los distritos respectivos se verá en entredicho.

De ahí que destaca como una condición fundamental para el diálogo, la identificación de los autores de hechos de violencia y su juzgamiento por los tribunales de justicia. Ello permitirá individualizar la culpabilidad en los verdaderamente responsables y, tan relevante como lo anterior, desactivar definitivamente cualquier estigma colectivo en contra de dicho pueblo. Finalmente, la legitimidad de la nueva Constitución depende, directamente, de la capacidad del Estado de sancionar los actos de violencia y de garantizar las condiciones para un entendimiento pacífico. La nueva “casa de todos y todas”, demanda nuestro mayor esfuerzo en este sentido.