Por Juan Ignacio Brito, periodista
El traspié de la Cancillería en la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo no debe repetirse con el Acuerdo de Escazú. En el caso del BID, el ministro de Relaciones Exteriores se alineó de manera sorpresiva con gobiernos de izquierda para tratar de bloquear la elección del norteamericano Mauricio Claver-Carone. La jugada terminó en bochorno y fracaso, pues Chile quedó mal parado y sin argumentos contundentes para justificar una decisión perdedora.
Ahora es necesario evitar que algo similar ocurra con el Acuerdo de Escazú. El gobierno ha señalado que firmarlo pondría en riesgo la soberanía nacional “al internacionalizar conflictos que son y deben ser internos”, como sostuvo en enero la ministra del Medio Ambiente. El canciller declaró hace unas semanas en el Congreso que el documento “es inconveniente para Chile”, pues supondría cambios a la legislación interna, obligaría al país a numerosos compromisos y lo pondría en situación de ser llevado a tribunales internacionales. No obstante, este diario informó el domingo que Andrés Allamand está considerando que Chile lo suscriba incluyendo declaraciones interpretativas como prevención. Eso constituiría una vuelta de carnero incomprensible, más aún si se toma en cuenta que las declaraciones interpretativas solo revisten carácter ornamental.
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Al no existir nuevos antecedentes que sustenten un eventual cambio de opinión de parte del gobierno, las explicaciones posibles para un supuesto giro en 180 grados podrían ser el cambio de las circunstancias políticas internas, el arribo del nuevo canciller y/o la influencia en la toma de decisiones sobre política exterior de funcionarios que no tenían injerencia durante la gestión del anterior ministro. Sin embargo, nada de esto debería ser obstáculo para mantener una postura que ya parecía tomada y que el gobierno ha sustentado en el más elemental interés nacional: la defensa de la soberanía. Dado que el Ejecutivo ha fundado su argumentación en un aspecto tan básico e inalterable, lo más lógico sería que mantuviera el curso fijado. La preservación del medio ambiente es una causa noble y necesaria, pero no debe hacerse a costa de la soberanía.
Chile se precia de contar con una política exterior de Estado. Una diplomacia con esas características no debería solo respaldar posturas aparentemente consensuadas, pero muy cuestionables (como el apoyo de Chile a la postergación de las elecciones en el BID), sino identificar adecuadamente el interés nacional y ponderar los mecanismos para promoverlo. Este “detalle” es olvidado a menudo por nuestro establishment de política exterior, que parece contentarse con alcanzar consensos en su interior y hablarse a sí mismo, lo cual lo lleva en ocasiones a priorizar la forma por sobre la sustancia.
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