Por Genaro Cuadros, Arquitecto Urbanista UAHC
Los límites del espacio representan uno de los problemas principales de la humanidad. Los cambios que estamos viviendo en nuestras ciudades -un desarrollo inmobiliario especulativo y desregulado, cambio climático y riesgos naturales, desplazamientos desde fuera y dentro de los territorios, así como la emergencia de nuevas vulnerabilidades sociales y territoriales- han agudizado los conflictos y problemas para un buen vivir.
La escasez de suelo suscita graves problemas. La forma como generemos compromisos para resolverlos define en buena parte nuestro modo de convivencia. El problema radica en que las recetas neoliberales no sirven frente a la gestión de los bienes comunes, como el agua, el aire, el suelo o la biodiversidad. El suelo es un recurso finito cuyos límites son conocidos, que no pueden quedar al arbitrio de la codicia. Se requiere planificar el bien común, una sociedad civil protagónica, una política de calidad, conocimiento aplicado y un Estado eficaz.
En varios países, incluido Chile, presenciamos una crisis en el uso y producción de suelo urbano, el cual ha quedado entregado a la especulación. Ello impacta en los precios y en la dificultad de acceso a la vivienda, así como a los bienes y servicios públicos y privados. Se construyen y compran departamentos no para vivir en ellos, sino como inversión. De paso, el Estado, y las soluciones que este puede brindar, quedan supeditadas a la acción de privados, que ven en las necesidades una oportunidad de negocios con severas consecuencias sociales.
Países como Alemania han optado por acciones radicales y han comenzado a expropiar propiedades que nadie habita, construidas muchas veces con capital foráneo, para brindar soluciones a las familias que no cuentan con los recursos que la barrera de este mercado les ha impuesto. No está claro cómo enfrentaremos en Chile problemas similares y otros propios, pero urge hacer las cosas de una manera distinta.
Mientras tanto, en la Convención Constitucional avanza el debate sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad, la regulación de los bienes comunes y la propiedad. Este es el lugar que como país nos hemos dado para articular un “nuevo compromiso” y también para delinear la forma como queremos vivir juntos en nuestras ciudades. Se requieren nuevas reglas para diseñar nuestra convivencia territorial en un Estado regional plurinacional.
Es en este escenario que se requiere desde marzo un nuevo mandato para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que permita acoplar estos cambios constitucionales, con una gestión que desarrolle un plan de largo plazo para nuestras ciudades, y una visión compartida ante las urgencias. Necesitamos el diseño de políticas públicas innovadoras. Levantar la Mesa Social de Vivienda. Solo de esta manera podremos redefinir cuestiones como la provisión de vivienda social y pública, la transformación de los instrumentos de planificación territorial en instrumentos de gestión para el cambio climático y desplazamientos territoriales, así como replantearnos las formas de convivencia democrática en el espacio público.
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