SEÑOR DIRECTOR

La próxima semana, la Cámara de Diputados nuevamente deberá votar una moción parlamentaria ampliamente popular, pero cuyos efectos no han sido suficientemente sopesados y comunicados: la nulidad de la ley de pesca.

Sin entrar en lo evidente de su inconstitucionalidad (motivo suficiente para rechazarla), las preguntas que correspondería hacerse al momento de votarla son: ¿qué significa anular una ley?, ¿el escenario posterior es mejor o peor?

No existe precedente sobre una ley anulada, siendo sus efectos inciertos, pero las aproximaciones más lógicas son: que el rubro pesquero deberá regirse por las normas previas o que no existirá regulación alguna. Cualquiera de los casos es un retroceso para un sector que da trabajo y alimento a miles de familias.

Anular sugiere renunciar al principio de sustentabilidad del medio ambiente marino, dejando de lado el compromiso con el desarrollo a largo plazo del sector. Se dejan de lado los análisis y recomendaciones científicas para determinar cuotas de captura y vedas, quedando éstas sujetas a criterios políticos e intereses comerciales. Anular conlleva distanciarse de los avances en fiscalización, transparencia y trazabilidad que tiene hoy la ley, y dejar sin la exclusividad sobre la primera milla a los pescadores artesanales.

No vaya a ser que, en el afán por legitimar al Congreso tras una tramitación poco ética, malogremos los grandes y reconocidos avances que ha significado esta ley. Que los perjuicios del populismo no los terminen pagando los propios pescadores y nuestro mar.

Francisco Undurraga

Diputado Evópoli