Sylvia Eyzaguirre

Sylvia Eyzaguirre

Investigadora del CEP

Opinión

Objeción de conciencia


Revuelo causaron en la oposición los cambios que sufrió el protocolo del Ministerio de Salud (Minsal) sobre la objeción de conciencia (OC). Se argumenta que la modificación perjudica a las mujeres, pone en riesgo el cumplimiento de la ley y va contra su espíritu. El protocolo anterior establecía que las clínicas que se acogieran a la OC institucional no podrían recibir recursos del Estado por prestaciones de obstetricia y ginecología, pero sí por otro tipo de prestaciones. Es decir, una clínica que invoca la OC puede recibir recursos fiscales para una operación de próstata, pero no para una operación de útero. ¿Es justa esta medida? No, pues el costo de la OC lo pagan exclusivamente las mujeres. Resulta insólito que mujeres como Camila Vallejo y Karol Cariola defiendan una medida que nos discrimina.

¿En qué consiste el polémico cambio? El actual protocolo permite que las clínicas que se acogen a la OC institucional puedan celebrar convenios con el Minsal que contemplen todo tipo de prestaciones, incluidas las de obstetricia y ginecología. Lo positivo de este cambio es, que ahora la oferta de prestaciones exclusivas para las mujeres (ginecología y obstetricia) no se verán reducidas. Lo negativo es que se reduce el costo de acogerse a la OC, pudiendo provocar un aumento en el número de instituciones que se nieguen a realizar abortos.

¿Puede esta modificación poner en riesgo el cumplimiento de la ley? Difícilmente. La extensa red de servicios de salud estatales además de las clínicas privadas que no se acojan a la OC debería ser suficiente para atender los casos de aborto en las tres causales que establece la ley. Además, las clínicas que se acojan a la OC deberán asegurar el traslado de la paciente a un recinto donde este pueda realizarse un aborto, cubriendo los gastos de traslado. Más complejo que la OC institucional es la individual, pues si la gran mayoría de los médicos decide acogerse a la OC, ello lleva a una escasez de médicos que es de difícil solución.

Por último, ¿el cambio al protocolo tuerce el espíritu de la ley? No. La ley permite la OC institucional y el cambio en el protocolo está en línea con dicha disposición. Se puede discutir, si es legítimo que el Tribunal Constitucional haya introducido la OC institucional, pero esa es otra discusión.

Se puede cuestionar, si es legítimo que el Estado establezca convenios con clínicas que se acogen a la OC, pero ese punto no lo cuestionó el gobierno anterior. Prescindir de los servicios de estas clínicas puede ser perjudicial para los enfermos (16 mil personas murieron en 2016 esperando una cirugía), pero ello no quita que en el futuro se pueda revisar. Con todo, otros países como Alemania permiten la OC institucional y las clínicas con OC reciben recursos del Estado. Esto refleja una comprensión especial de la democracia, a saber, cómo el orden político que respeta la diversidad, no excluye a nadie, sino que abre espacios de colaboración donde todos pueden aportar.

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