SEÑOR DIRECTOR:
El triunfo de la posición “En contra” en el pasado plebiscito del 17 de diciembre dio por cerrado el segundo proceso constitucional en nuestro país y, con ello, la discusión de una nueva Constitución, al menos por algunos años. Este escenario deja en el aire una serie de interrogantes respecto a la evolución de temáticas relevantes para nuestro país, entre ellas el reconocimiento de los pueblos indígenas.
El Reconocimiento Constitucional es una antigua promesa incumplida por el Estado de Chile desde el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, que los sucesivos gobiernos han ido reflotando en sus programas de gobierno y dejando en el olvido a lo largo de estos. Una de las tantas promesas incumplidas durante los últimos 30 años en materia indígena.
Tanto las propuestas de la Convención Constitucional, del Comité de Expertos y del Consejo Constitucional incluían el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Carta Magna, con mayor o menor profundidad, pero existía un mínimo en relación a los derechos culturales, políticos y económicos de estos. El rechazo a las propuestas del texto no puede llevarnos a dejar en el olvido este tema, fundamental para la construcción de confianzas y un diálogo genuino con sus representantes.
Al igual que el tema constitucional, la nueva institucionalidad indígena que crea el Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas engrosa la lista de las promesas incumplidas. Ambos proyectos de ley, presentados en 2016, fueron sometidos a consulta indígena y se encuentran en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, sin movimiento desde el 2020.
La concreción de estas promesas requiere un acuerdo político transversal, que permita avanzar con celeridad en la tramitación legislativa tanto del reconocimiento constitucional como de la nueva institucionalidad indígena.
Carlos Llancaqueo Mellado
Presidente Fundación Aitue
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