SEÑOR DIRECTOR:
El Congreso aprobó el veto del gobierno a la Ley de Usurpaciones, una medida largamente debatida. A pesar de la esperanza inicial de una legislación moderna, el resultado es una oportunidad perdida y una ley coja.
El proyecto inicialmente incluía elementos clave, como la legítima defensa privilegiada y penas de cárcel, sin importar si el acto era violento. Estas importantes disposiciones fueron eliminadas en el proceso.
Lo que quedó es una norma que deja en manos del juez la decisión de la prisión en casos de usurpaciones “no violentas” (el 70% según informes de la Multigremial de La Araucanía). Además, bajo una justicia garantista, las penas se traducen en multas, lo que es una burla para las víctimas.
Si bien es un discreto avance con respecto a la obsoleta norma anterior, no podemos conformarnos con un pequeño paso cuando la seguridad y el bienestar de todos está en juego.
Quienes esperábamos una ley que brindara seguridad, tanto en trabajos como en hogares, hemos perdido. El desuso de tierras y la pérdida de empleo y productividad son las tristes consecuencias de la inacción.
Parece que se prioriza la preocupación por cómo la norma afectará a los delincuentes en lugar de proteger con fuerza a las víctimas. El combate contra el terrorismo y la delincuencia requiere de decisiones claras e inequívocas, que realmente disuadan y no clasificaciones artificiosas que dan espacio a la impunidad.
Lamentamos que el gobierno, una vez más, parezca más preocupado de los delincuentes que de atender en forma clara y eficaz el requerimiento de la ciudadanía y el Parlamento: es una gran equivocación la insistencia en imponer su criterio en contra de la gran mayoría del país.
Patricio Santibáñez
Presidente de la Multigremial de La Araucanía
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.