Oportunidad

Por Rolf Lüders, economista

El país ha votado abrumadoramente a favor de una nueva Constitución. La votación ganadora resultó ser relativamente transversal y la expresión más escuchada fue el deseo de cambio. Sin duda, el proceso constitucional genera la oportunidad de reformas institucionales que le den un nuevo impulso al desarrollo del país, que lo necesita, pero que también nos puede llevar a la implosión social, como sucedió en Venezuela.

Los debates previos al plebiscito brillaron por la ausencia de propuestas concretas. Y como consecuencia, la alta incertidumbre institucional observada antes del 25 de octubre no ha variado significativamente después. Pero sí, es posible inferir de declaraciones públicas que una alta proporción de la población espera que una nueva Constitución resuelva a corto plazo los problemas sociales existentes.

Dichas expectativas posiblemente se vean defraudadas, porque la solución de dichos conflictos no depende de los cambios constitucionales, sino de modificaciones en las correspondientes políticas públicas y de la situación económica del país (muy influida por la evolución sanitaria).

No obstante, se podría descomprimir la situación social avanzando en paralelo en la redacción de una nueva Constitución y en la definición de las políticas públicas necesarias para generar una sociedad más inclusiva, entre ellas las reformas más apremiantes en materia social, como aquellas de la salud, de la infraestructura urbana, y de las pensiones.

Aquella de las pensiones es al mismo tiempo urgente y ha sido muy estudiada, de modo que ha llegado el momento de, como reza el dicho, cortar el queque. Las AFP han probado que administran competentemente nuestros recursos y por eso -al margen de cualquier consideración ideológica- son ellas las que debieran seguir administrando el grueso de las nuevas imposiciones. No obstante, es de justicia elevar las pensiones muy bajas de la mayoría de las personas retiradas y de muchas de aquellas por retirarse. Estos aumentos los debiera financiar el Estado, para lo cual hay que arbitrar los recursos necesarios.

Demás está decir que no hay nada más contradictorio, regresivo y populista que hacer un esfuerzo para mejorar las pensiones y al mismo tiempo entregarle, como se ha propuesto, a la clase media acomodada y a las personas de mayores ingresos -libres de impuestos- el 10 por ciento de sus fondos acumulados en sus AFP.

El país tiene ahora la oportunidad de sobreponerse a sus conflictos sociales y darse una institucionalidad que le permita alcanzar el pleno desarrollo. Al respecto, la votación del domingo pasado mostró a un Chile maduro y responsable. No obstante, la otra cara de la medalla se dio solo días después, cuando se aprobó en Comisión la propuesta de retiro del 10 por ciento de los fondos acumulados en las AFP.