Para después de la pandemia



Por Jorge Burgos, abogado

Los datos van indicando que nos acercamos hacia una relativa y gradual normalización de las actividades, acompañada de nuevas pautas de convivencia, cuyo cumplimiento riguroso y masivo serán esenciales para evitar rebrotes y vueltas atrás. Las autoridades deberán ser claras a la hora de los anuncios y la fiscalización, particularmente deben evitar atolondramientos y apuros injustificados como les ocurrió con aquella “nueva normalidad” en abril pasado de muy negativos efectos.

Ocurrido lo anterior se nos vienen coetáneamente enormes desafíos, la concreción de los mismos no será tarea de otros, es tarea de todos.

Desde luego la reactivación será compleja, mucha gente saldrá del plan de protección del empleo que le permitió mantener parte de sus ingresos en estos duros meses y se enfrentará al drama que ya no tiene un puesto de trabajo, esa angustia por un tiempo será muy extendida. Es aquí donde las autoridades gubernamentales y parlamentarias deben poner el foco principal, el estímulo a la creación de empleos, por cierto ojalá estos provengan de la reanimación de la actividad empresarial, pero si ello, como es posible, no sucede con la rapidez indispensable, es mejor ir pensando ya en alternativas de empleos de emergencia transitorios como ha ocurrido en otros momentos de crisis económica.

Para enfrentar ese enorme desafío de reactivación debe paralelamente acometerse otro ineludible. En efecto, hoy la gobernabilidad, una de las principales bases de nuestro desarrollo en las últimas tres décadas, está en duda. Qué duda cabe que las diferencias entre gobierno y Parlamento son normales, más todavía cuando el gobernante no cuenta con mayoría parlamentaria, pero el hecho objetivo hoy es que el deterioro de la relación entre ambos poderes complica las cosas al extremo. Se vuelve vital el empeño por restablecer el diálogo entre La Moneda y parte de la oposición dispuesta a establecer acuerdos básicos de gobernabilidad. Si ello no ocurre con verdadera urgencia, los problemas políticos retardarán o acaso frustrarán el proceso de recuperación de la economía y generan una compleja incertidumbre en la ciudadanía. Es una tarea de ambos poderes, pero el gobierno tiene la mayor responsabilidad en su impulso.

Después de semanas complejas donde el gobierno miró atónito como sus bancadas parlamentarias se desarmaban, como la oposición no daba espacio para negociar y se prefería el inmediatismo -cierto, basado en una situación lacerante de mucha gente- a la mirada más razonada que diagnosticaban la casi unanimidad de los expertos, parece necesario un atrás sin golpes. Chile necesita una especie de “coalición de sensatos“, una convergencia que ponga por delante el estado de derecho y la estabilidad democrática, la gobernabilidad.

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