Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
El mensaje que han dejado los electores el domingo pasado está dirigido, en buena medida, aunque no exclusivamente, a los políticos. Parece evidente que la institucionalidad vigente no está respondiendo a las necesidades de la mayoría de los chilenos y la sociedad tiene que hacerse cargo de esta realidad.
En una democracia representativa, como la nuestra, son los partidos políticos quienes mediante su participación en el Congreso y su aspiración a dirigir el Poder Ejecutivo han recibido de la ciudadanía la tarea de representarla en la dirección de los asuntos públicos. Hasta ahora, ningún grupo significativo ha planteado que la nueva Constitución debiera establecer para Chile una forma de gobierno distinta a la democracia representativa. Se ha planteado por algunos que nuestro régimen de gobierno, presidencialista durante prácticamente toda nuestra tradición republicana, sea reemplazado por un parlamentarismo, pues éste tendría ventajas sobre aquel. Será parte de la discusión, pero ambos regímenes de gobierno se inscriben dentro de lo que se conoce como democracia representativa. Ello no excluye introducir en la institucionalidad nuevas formas de participación ciudadana que, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, permitan una injerencia mayor de las personas en la administración de cuestiones que les son de gran interés.
El éxito del proceso constituyente en que estamos empeñados depende del aporte que todos podamos hacer, y entre ellos particularmente los políticos. El país debe seguir gobernándose, una serie de leyes deben continuar su tramitación en el Congreso y otras deben proponerse en lo que falta de esta administración. Así las cosas, es importante que los políticos comprendan su rol, que no es simplemente actuar de voceros de las demandas ciudadanas, sino ser capaces de integrarlas en una propuesta política que busque satisfacer el interés general. Un ejemplo en ese sentido es la capacidad que ha tenido el Congreso recientemente para aprobar una ley que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, al que se uniría a futuro el Servicio de Reinserción Social Juvenil, poniendo fin a la existencia del cuestionado Sename y transformando en una realidad la frase “los niños primero”, al dejar atrás el reduccionismo que el antiguo servicio implicaba al tratar los problemas conductuales de niños y adolescentes.
El caso contrario es la tramitación de un segundo retiro de fondos desde las AFP con el resquicio legal de una reforma constitucional, apoyada por quienes hace tres meses propiciaron el primer retiro asegurando que era excepcional y por única vez. Mentir al país no es el comportamiento que uno espera de nuestros políticos y tampoco contribuye a que las esperanzas que tantos chilenos han puesto en una nueva Constitución para mejorar su calidad de vida, no resulten una vez más frustradas.
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