Pensión universal y seguridad social



Por Andrés Solimano, doctor en Economía MIT

El actual sistema de pensiones está viviendo su crisis más aguda de los últimos 40 años, cuando empezó el experimento de las AFP en Chile. A las dificultades estructurales del sistema como el pago de bajas pensiones, en particular para las mujeres, el uso de los fondos de pensiones de los asalariados para financiar conglomerados económicos, complejidad y vulnerabilidad financiera, beneficios no definidos, altas utilidades de las AFP, ahora se le agrega la gravísima situación de que un importante contingente de chilenos, que puede alcanzar a cinco millones de personas (cerca del 43 por ciento del total de afiliados a las AFP) se están quedando sin fondos en sus cuentas individuales después de un probable tercer retiro (estimación de la Superintendencia de Pensiones). El sistema de pensiones, literalmente, se está “desfondando” y parece difícil que pueda sobrevivir en su actual estructura por mucho más tiempo.

Como ha ocurrido muchas veces en la historia, las crisis se desencadenan por factores inesperados. Los efectos sociales de la pandemia del Covid-19 han debido ser enfrentados con retiros de parte de los fondos de pensiones de la población. Lo anterior, para compensar la virtual parálisis del sistema de protección social, ya débil y fragmentario, por una “focalización” excesiva, múltiples requisitos y condicionamientos previos que impiden que el dinero llegue a tiempo, y en los montos adecuados, a las familias que lo necesitan.

La reconstrucción de un genuino sistema de pensiones en Chile que se base en los principios universalmente aceptados de la seguridad social requerirá crear un amplio y ágil pilar público de beneficios definidos en que las tasas de reemplazo sean proporcionales a los años cotizados. Este pilar es contributivo y por lo tanto es diferente al actual pilar solidario. Su primera tarea será acoger a los millones de compatriotas que se van a quedar sin fondos en las AFP y que buscarán un sistema alternativo.

Un nuevo sistema de pensiones, post-AFP, deberá crear, además, una pensión universal garantizada que sería complementaría a una renta básica universal en la etapa laboral activa de las personas. En este esquema, los individuos tendrían asegurado, por ley, durante todo su ciclo vital (juventud, vida laboral adulta, jubilación) un piso de ingresos adecuados que los ayudaría a enfrentar las complejas contingencias que suceden en los ámbitos de la salud, en el mercado laboral, las crisis de los volátiles mercados financieros y las catástrofes naturales. En la vejez este piso de ingresos, de un nivel no inferior a la línea oficial de la pobreza y sujeta a criterios de elegibilidad razonables para chilenos y extranjeros, evitaría que tanto adulto mayor siga trabajando hasta el final de los días porque las pensiones que reciben son muy insuficientes.

En un esquema de pensión y rentas universales se abren espacios a la gente para desplegar su creatividad y talentos sin tener que aceptar, por necesidad, trabajos mal pagados y de escasa proyección personal. El drama de no tener recursos económicos para una vejez digna que afecta a cientos de miles de adultos mayores en Chile contrasta con las amplias holguras económicas con que viven los segmentos privilegiados de la población y las elites del poder.

Una pensión universal y un nuevo sistema de seguridad social son urgentes para lograr el noble objetivo de una vejez digna y sin pobreza.

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