Perdone lo poco

Después de ver el video de los diputados Jackson y Boric, pensé escribir sobre "su error", de las extrañas explicaciones dadas y sobre las probables razones que hubo detrás de esta pirueta. Pero como asistimos a un momento donde todos debemos colaborar en el itinerario trazado por la gran mayoría de la clase política, es que pasaremos esta vez y, en la misma línea, me referiré a otro tema que nos inquieta(ba).

Esperábamos con ansias la propuesta del equipo técnico para dar inicio al proceso constituyente. Celebro en forma entusiasta que tengamos más claridad sobre el itinerario que se nos viene, como de sus posibilidades y contornos. Y aunque todavía no terminamos de leer todos los documentos, en lo grueso ya sabemos de sus consensos, como también de los desacuerdos que tendrán que discutirse y dirimirse en el Congreso. No es extraño que el tema de la paridad, las cuotas para pueblos originarios o la forma de incorporar a los independientes haya sido motivo de fuerte controversia.

Lo que sí me resulta raro, por no decir inquietante, es que de forma unánime se haya propuesto que sea la Corte Suprema quien dirima los eventuales vicios del procedimiento que se den con motivo del debate en la convención. En efecto, además de parecerme una inapropiada intromisión, creo que además consagra una ilegítima tutela del Poder Judicial sobre el órgano constituyente, lo que -por vía de cautelar cuestiones de forma- pudiera pretender restringir el debate de fondo, específicamente en torno a temas que importan al Poder Judicial.

Pero también me llama la atención, especialmente para quienes conocemos el proceso de formación de una norma jurídica, que no se hayan todavía abordado cuestiones que, aunque aparentemente prácticas, son fundamentales para la independencia, calidad y buen resultado de este proceso. Así por ejemplo, no hay todavía acordado un presupuesto público para la convención, lo que siempre es un riesgo por la incidencia del gobierno de turno; no se ha definido dónde se sesionará o si habrá oficinas y asesores, precariedad que podría ser capitalizada por los intereses de los estudios jurídicos o centros de pensamiento, y sus respectivos clientes; nada sobre la necesaria ley orgánica que regule su funcionamiento básico (grupos de trabajo, comisiones, sesiones plenarias, etc.), lo que resulta fundamental para ordenar el debate; y, por último, aunque la lista no es exhaustiva, no hay una clara referencia al financiamiento y gastos de la campaña, regulación central para evitar la indebida influencia del dinero en el proceso eleccionario.

Queda tiempo. En estos y otros detalles se jugará el éxito del proceso, por lo que espero el Congreso pueda abordarlos a la brevedad.