Plebiscito de huida




La Convención Constitucional recibió un encargo muy claro: proponer una Constitución que mire al bien común. No lo ha hecho; por el contrario, ha incurrido en notable abandono de ese deber esencial.

En efecto, lo que hasta ahora se perfila como proyecto es una institucionalidad que desecha 200 años de República y refunda la nación sobre bases vengativas, discriminatorias y perjudiciales para los ciudadanos. No puede ser sino vengativa una propuesta que se funda en el odio a la prosperidad, al respeto a la propiedad privada en sus aspectos esenciales, y que, en cambio, dota al Estado de poderes económicos incontrarrestables y aplastantes, que socavan la libertad de las personas; no puede ser sino un acto de brutal desprecio por la vida humana consagrar el aborto libre, y, en cambio, proteger a los animales con normas que los cuidan y los multiplican; no puede ser sino discriminatorio y atentatorio contra la igualdad, un sistema que consagra derechos y enormes ventajas para algunos, como los integrantes de los llamados pueblos originarios, a quienes se reservan escaños parlamentarios, cargos y poder de decisión preferente en muchas instituciones claves, mientras que a los demás ciudadanos se les cuenta de a uno y carecen de todos estos privilegios; no puede ser más contrario al bien común que proponer que el país se divida en naciones dotadas de autonomía territorial y económica, regidas por diferentes estatutos jurídicos.

Simón Bolívar escribió que “son derechos del hombre la libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad”. Cada uno de estos derechos son amenazados por las mayorías en la Convención.

La conclusión es que este órgano ha perdido legitimidad. Fueron elegidos para ofrecer una Constitución que cumpliera estos fines y están elaborando normas que los amenazan. La legitimidad de una autoridad no solo emana de la legalidad de sus actos, sino del obrar de acuerdo con la razón y no a la arbitrariedad o capricho. Cuando se impone la irracionalidad y se afecta el bien común, existe el derecho a destituir a esa autoridad. Y la causal es el notable abandono de deberes. Uno de los juristas más respetados -don Alejandro Silva Bascuñán- lo describió como “actos de suma gravedad, el descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo, los deberes inherentes a la función pública”. Hoy día, por estas circunstancias, el Presidente de la República, los senadores y diputados, y otras altas autoridades pueden ser destituidos.

Por ello, mientras sean convencionales en ejercicio, como toda autoridad, están sujetos a las reglas que los obligan a cumplir con sus deberes. Ninguno más importante que proteger y propender al bien común. Su infracción debiera conducir a la destitución.

Es evidente que no se llevará adelante este proceso, y que, en cambio, la Convención seguirá creando reglas que afectan el bien común. Quienes gobiernan Chile están obligados, al menos, a ofrecer a los ciudadanos que aspiran al bien común, un plebiscito de huida.

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