Es difícil encontrar otra crisis mayor a la que atraviesa hoy nuestra judicatura. Expresión de esto son las acusaciones constitucionales que han terminado en la destitución de jueces de la Corte Suprema, investigaciones penales en que algunos de ellos son imputados y, como corolario, la resolución que dejó en prisión preventiva a la exvocera del máximo tribunal en el marco de una investigación por hechos que, de comprobarse, constituirían delitos gravísimos.

La confianza en los jueces está literalmente destruida y, por ende, su auctoritas para ejercer la que probablemente es la función más elevada de toda sociedad civilizada está gravemente debilitada. A los jueces confiamos el poder de disponer de nuestra libertad, nuestro patrimonio y el ejercicio de todos nuestros derechos, incluidos los relativos a las relaciones de familia.

Desde el punto de vista político, no hay democracia posible si el poder jurisdiccional no se ejerce con independencia y legitimidad para hacer cumplir sus resoluciones. Sin jueces no hay Estado de Derecho, o sea, el poder no está sujeto a responsabilidad efectiva.

De todos los problemas que tiene hoy nuestro país este es el más grave, puesto que, si no logramos restablecer el Poder Judicial, tampoco habrá posibilidad de detener el avance del crimen organizado, el narcotráfico, ni consolidar un ambiente de seguridad jurídica en que nuestra economía repunte.

Como todos los problemas institucionales, arriesgamos que el sistema político lo enfrente como una oportunidad de alterar la correlación de poder entre la judicatura y la política o lo postergue, como ocurre con esas fallas estructurales cuya resolución es compleja y poco rentable electoralmente. Pero un gobierno como el que viene, cuya principal inspiración es el fortalecimiento de la libertad individual, no debería cometer ese error.

Los dos pilares sobre los que se levanta una sociedad libre son la autonomía material, que permite a cada persona llevar adelante su proyecto de vida, y el llamado gobierno de la ley, esto es el conjunto de reglas generales, objetivas y abstractas, que habilitan la existencia de relaciones sociales predecibles y justas. Todo ello descansa en la autoridad de esos guardianes de la ley que son los jueces.

Por defectuosa que sea una sentencia alcanzada después de un proceso legalmente tramitado, es siempre infinitamente mejor que la solución de la fuerza, en que simplemente se impone el poder del que tiene el garrote más grande. Como toda función pública, también los jueces deben estar sometidos a control y está bien que quienes hayan traicionado sus deberes sean sancionados, luego de un debido proceso, pero institucionalmente es indispensable y urgente que de esta crisis emerja un Poder Judicial fuerte y respetado.

El Presidente de la República que comienza su periodo y la nueva presidenta de la Corte Suprema, de trayectoria e imagen intachables, tienen la oportunidad de liderar un cambio urgente para restablecer la perdida confianza en la Justicia.

Por Gonzalo Cordero, abogado