En los tiempos finales del orden de post guerra, observamos desorientación en materia de conducción de la política exterior.

Al respecto, Chile no parece una excepción, ya que el gobierno recién en funciones tiende a situar al país detrás de una orientación más bien ideológica, lo que finalmente pudiese contrariar una trayectoria que nos ha brindado prestigio internacional. Dicho prestigio ha sido el resultado de la conjugación de nuestros intereses con un claro cimiento de principios intransables, tales como la defensa de los derechos humanos y el respeto a los acuerdos internacionales. En tal sentido, la participación en la Cumbre Escudo de las Américas proyecta un alineamiento de Chile –por fuera de los foros internacionales- hacia la órbita de Trump y su doctrina Donroe; además, la reciente entrevista al Canciller Pérez Mackenna nos anuncia que se estrecharán los vínculos “en todo orden de cosas” con Israel sin hacer alguna consideración acerca de que dicho Estado ha cometido una agresión que mantiene en vilo la seguridad mundial y que su primer ministro está siendo investigado por crímenes de guerra y genocidio por la Corte Penal Internacional.

La coherencia política y la defensa de la legislación que cautela la dignidad de las personas posiblemente trascenderá a estos momentos en que se reedita la guerra como estrategia para alcanzar objetivos políticos. En efecto, Chile debiera tener una posición sólida frente a los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el reimpulso del terrorismo de Estado. Ellos los observamos en territorio europeo (Rusia v/s OTAN) y Medio Oriente (Estados Unidos, Israel v/s Irán), entre otros lugares. Tomar una posición ideológica en esta materia sería un error político y político-estratégico a la credibilidad de nuestra conducción exterior. Es decir, avalaríamos una suerte de reedición de la selección natural. Si la política exterior pierde su razón de ser y cae en un juego de poderes e intereses circunstanciales nos restarán credibilidad en el futuro.

Por ello, la tentación de concebir a la política exterior únicamente como un instrumento de vinculación ideológica o un vehículo para atraer inversiones podrían terminar extrayéndole su contribución a la estabilidad regional e internacional, lo que afectaría en el largo plazo nuestros propios intereses.

En consecuencia, cabe esperar que la política exterior de Chile se sitúe -con la primacía de las virtudes de la prudencia y la justicia- en el respeto al derecho. Desde esta posición podremos, manteniendo una autonomía soberana, insertar nuestra diplomacia entre los complejos equilibrios que necesitamos para relacionarnos con los actores globales.

El desafío es proyectar nuestros intereses en tiempos convulsos, cuya mejor estrategia sería hacerlo con el respaldo y la credibilidad de su política de Estado, la cual se ha conformado con los aportes de los distintos gobiernos que lo antecedieron.

Por Jaime Abedrapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad, USS