Política social en tiempos inciertos

El paquete de medidas anunciado la noche de ayer por el Presidente de la República representa, sin dudas, un gran esfuerzo fiscal. Se trata nada menos que de seis mil millones de dólares, elevando así los recursos comprometidos por el Fondo Covid a 18 mil millones de dólares. Que la cifra sea fácilmente opacada por los cerca de 35 mil millones de dólares involucrados en los retiros de fondos previsionales no debería distraernos de lo que está en juego en la discusión. Las reacciones de nuestra clase política al anuncio del Ejecutivo fueron las previsibles: algunos parlamentarios oficialistas alabaron la propuesta, mientras que representantes de la oposición criticaron la “hiperfocalización” implícita en la misma.

El paquete de medidas incluye la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta junio de este año, un bono para la clase media, prestamos solidarios con condonación automática dentro de cuatro años, prestamos focalizados a los transportistas, postergación de pagos de contribuciones, un plan de mejoramiento del seguro de cesantía, la creación de un nuevo subsidio al empleo, y cerca de US$ 200 millones adicionales en subsidios al emprendimiento. La variedad de las medidas, así como el intento de focalizar la ayuda en quienes más lo necesitan, es encomiable. Sin embargo, es plausible afirmar que justamente allí reside su gran debilidad.

Para muchos, el anuncio del Presidente pone un énfasis excesivo en el criterio de focalización del gasto social. Como es sabido, dicho criterio es algo muy valorable desde el punto de vista económico, y hay consenso entre un amplio abanico de economistas sobre su relevancia como criterio de política pública. Asimismo, en tanto criterio propiamente político, la focalización es perfectamente compatible con una defensa robusta de la justicia distributiva (uno de los grandes méritos de la obra de John Rawls es justamente explicar dicha compatibilidad). Ahora bien, hay razones estrictamente económicas para preferir una ayuda de carácter más universal para quienes se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Dichas razones tienen que ver con nuestro modo de enfrentar escenarios altamente inciertos y complejos.

Primero, debemos reconocer que en escenarios como el actual, y teniendo a la vista la precariedad de los registros sociales vigentes, parece extremadamente difícil monitorear que los beneficiarios de la ayuda social efectivamente la reciban. Dicho se otro modo, aunque teóricamente la focalización sea muy atractivita, su eficacia dependerá de la capacidad de identificación y monitoreo de los beneficiarios con que cuente el Estado. Sabemos que esta capacidad es precaria.

En segundo lugar, no hay que olvidar que el modo en que interactúan entre sí las distintas medidas involucradas en un paquete como el propuesto por el gobierno hace muy complejo, sino imposible, prever resultados no deseados, así como frenar el potencial comportamiento oportunista de personas inescrupulosas (basta recordar el comportamiento de algunos empleados públicos). Ambos problemas generan costos sociales importantes, que pueden llegar a superar los beneficios teóricos de la focalización. Así, es plausible afirmar que en escenarios complejos e inciertos una política universal de ayuda social puede ser preferible.

Podrá sorprender al lector constatar que este tipo de razonamiento –el que apela a los problemas epistémicos de la focalización– fue lúcidamente expuesto por economistas “neoliberales”, algunos de los cuales tuvieron un papel importante en la discusión sobre el modelo de desarrollo chileno durante los años 80 y 90. Se trata del austríaco F.A. Hayek y el norteamericano James Buchanan, ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía en los años 1974 y 1986, respectivamente.

Tanto Buchanan como Hayek pensaban que ante realidades sociales complejas e inciertas lo más razonable era aplicar políticas lo más generales y universales posibles. En el caso de la ayuda social, estas medidas pueden involucrar un ingreso mínimo garantizado como reemplazo a programas sociales existentes, un impuesto negativo al ingreso o alguna forma de red de protección social universal (piense, por ejemplo, en el NHS británico).

No implicaría, por tanto, una traición a sus ideales si la centroderecha promoviera activamente una renta garantizada, por un período acotado de tiempo. Si, además, es cierto que el oficialismo ve en este paquete de medidas un posible freno a un tercer retiro de fondos previsionales, una política de ayuda más universal puede ser más efectiva en ese sentido. Ahora bien, esto supondría que los defensores contemporáneos del liberalismo económico en Chile conocen bien su propia tradición. Pero quizás sea pedir demasiado.