Es urgente mejorar la política social. El gasto social absorbe una buena proporción del gasto fiscal y urge iniciar un proceso gradual de reforma para aumentar su eficiencia y efectividad.

Hoy, los programas sociales tienen múltiples problemas. Por un lado, la cobertura es inorgánica e ineficiente. Por otro, están diseñados para enfrentar una pobreza crónica, permanente. Sin embargo, en la actualidad, en Chile, la pobreza es dinámica, temporal. Al estar definidos de esa forma, los criterios de elegibilidad son rígidos, por lo que si la condición del sujeto varía mínimamente, este corre el riesgo de perder todos los beneficios que le entregan los programas sociales, lo que genera incentivos negativos, como la trampa de la pobreza y la informalidad laboral. Esto, porque, en los hechos, la política social enfrenta a las personas de bajos ingresos a impuestos confiscatorios. Por ello, las personas se ven impulsadas a realizar esfuerzos para ocultar que dejaron de cumplir los requisitos para recibir los fondos. Un programa con un diseño diferente no generaría estos incentivos perversos.

A su vez, la política social de Chile ha demostrado tener una baja capacidad para disminuir la desigualdad de ingresos. Ello se debe, justamente, a que dicha política social está compuesta de cientos de programas de baja escala y dudosa efectividad, cada uno creado para satisfacer una necesidad en particular, cuya pertinencia se ha cuestionado reiteradas veces, pero los programas sobreviven.

El problema radica en que cada uno de estos programas tiene quienes lo defienden a rajatabla. Están por un lado quienes los administran y adquieren cierto poder por hacerlo. Y están, por otro lado, los beneficiarios que temen perder los beneficios si la política se reformula (en algunos casos porque son conscientes que ya no cumplen las condiciones de elegibilidad). Estas personas, tanto en la burocracia como en la sociedad, han rigidizado la parrilla de la política social y no permiten la innovación.

Es urgente, entonces, establecer un plan para cambiar esta política y centrarla en un número reducido de iniciativas y poner al centro de la política social un programa que transfiera dinero en efectivo. Este debería reemplazar buena parte de los programas que constituyen la política social disfuncional existente. Y hacerlo sin permitir que intereses creados que son ajenos a los objetivos de la política social lo impidan.

Hacer una propuesta concreta no es el objetivo de esta columna. Pero un primer paso en la dirección señalada sería implementar un programa que transfiera efectivo a los trabajadores formales de ingresos bajos. Ello genera un incentivo adicional virtuoso, ya que incentiva a las personas a buscar trabajos formales.

Por Claudio Sapelli, Faro UDD