Por Alexis Montecinos, profesor MIT e investigador asociado P!ensa

Sin duda el gasto fiscal ha sido uno de los focos de análisis del último tiempo en Chile. El incremento en recursos adicionales por cerca de US$27.000 millones durante el 2021, asociado en gran parte a las medidas implementadas por el gobierno para combatir el shock negativo generado por la pandemia, ha levantado las alertas de una política fiscal sostenible en el tiempo. Discusión que ya se había olvidado en la memoria de los economistas chilenos y que para los ojos de muchos podría conllevar en un desastre a corto plazo para nuestra economía.

Es importante destacar que una de las principales funciones de la política fiscal es ser contra cíclica, es decir, que pueda atenuar el ciclo económico, sobre todo en tiempos de caída del producto interno bruto. En este sentido, podríamos afirmar que los programas de impulsos efectuados durante 2021 han sido exitosos en esa dimensión. Sin embargo, cuando miramos el déficit estructural llegando a 12% del PIB, salta la duda de qué tan sostenible es nuestro gasto público.

Primero que todo, entendamos bien qué significa que nuestro gasto sea sostenible. Desde el punto de vista económico, la sostenibilidad implica que en un equilibrio de largo plazo podamos hacer frente a nuestros pagos con los ingresos que recibe el Estado, los que provienen principalmente de los impuestos. Una deuda pública cercana al 30% de PIB es algo que empieza a ser complicado, pero que aún nos entrega un gran espacio como país para revertir esta situación. Por lo mismo, si quisiéramos calificar el comportamiento del Estado chileno podríamos decir que este es aún sostenible y está lejos de caer en los desequilibrios de países con similares características.

Sin perjuicio de lo anterior, si queremos realmente tener una política fiscal contra cíclica que dure más de un año sin que se cuestione su sostenibilidad, y que no cargue excesivamente a empresas y personas con altas tasas tributarias , necesitamos un cambio estructural en la forma en que generamos las políticas de gobierno. No basta simplemente con desacelerar el gasto -tal cual lo ha decretado la ley de Presupuestos para el 2022-, sino que debemos hacer crecer la base de recaudación a través de, por ejemplo, mejores salarios que sean reflejo de una mayor productividad y mayor impulso al emprendimiento, para que existan más empresas que paguen impuestos y no cargas excesivas que las ahoguen. En resumen, necesitamos políticas estructurales que generen ingresos sostenibles para el Estado que provengan de un aumento de la base tributaria.

Ejemplos de lo anterior podrían ser el acceso a educación de calidad para todos los chilenos de modo de generar mayor productividad, mejoras en las políticas de evasión y elusión, un enfoque de impuestos basado en los datos de modo de poder tener un objetivo preciso de recaudación óptima, políticas estructurales de inversión para poder aumentar de forma sostenida el crecimiento económico, etc.

Pongamos un ejemplo preciso. Se habla del impuesto a los súper ricos y la gran recaudación que este generaría. Mi pregunta es ¿qué definimos como súper ricos en Chile? De acuerdo al INE, solo el 1,7% de la población ganaría un sueldo superior a 3 millones de pesos. Es decir, si consideramos al 2% de la población como súper ricos, vamos a aplicar un impuesto que recolectará tan poco que no alcanzará para ningún programa importante. ¿No sería mejor impulsar programas que promuevan la igualdad de oportunidades y educación de calidad para que más chilenos puedan llegar a esos salarios y de este modo nuestros ingresos fiscales aumenten por base tributaria? Esto, a su vez, implicaría un mayor ahorro agregado y, por lo tanto, una menor carga en pensiones. Sumado esto, a un desarrollo de sistemas de reconocimiento de elusión y evasión óptimos, junto con políticas tributarias bien definidas nos permitiría pensar en una sostenibilidad real, de largo plazo. En definitiva, lograr una política fiscal eficiente es mucho más que más impuestos y menos gasto. Es comprender que la llave para poder tenerla y poder utilizarla en recesiones sin medio al colapso en el largo plazo es, precisamente, una infraestructura pensada en el largo plazo.