SEÑOR DIRECTOR

Sin Festival de Viña del Mar este año hemos podido estar más atentos a los avances en el proceso destinado a instalar la Convención Constitucional.

Y hay varios hechos que preocupan: el retraso del Servel en la determinación de los gastos vinculados a las campañas electorales de la próxima elección del 11 de abril y la deficiente regulación legislativa que significará que más de 400 candidatos independientes a convencionales constituyentes tendrán menos de un minuto para difundir los ejes de su visión frente a la redacción de la nueva Carta Fundamental en la franja electoral.

A lo anterior se añaden las señales de amenazas y eventual violencia que puedan entorpecer el trabajo de la Convención. En este último sentido, declaraciones que llaman a “rodear la Convención” o que plantean “¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”, nos hacen preguntarnos si están dadas las condiciones para un trabajo sereno y reflexivo de los convencionales que favorezca la deliberación democrática.

Por otra parte, el anuncio del ministro del Interior sobre la presentación de un proyecto de ley que tipifique nuevas figuras penales vinculadas a amenazas que se viertan a través de plataformas digitales, señalando expresamente que ello preocupa al gobierno “de cara al debate por una nueva Constitución”, aumenta nuestra sensación de preocupación.

De ahí que creemos fundamental la elección de quienes llegarán a formar parte de la Convención Constitucional. En algunos candidatos ya hemos advertido los mismos signos de polarización y encono que han rodeado el accionar de varios parlamentarios en el último tiempo. Es indispensable que esos esquemas no se reproduzcan en la Convención.

Como acertadamente dijo Mariana Aylwin, los que se sienten a debatir en la Convención deben ser personas que no se crean poseedoras de la verdad absoluta, que sepan escuchar y ponderar detenidamente un punto de vista contrario, para llegar a consensos razonables y representativos del país pluralista que hoy tenemos. Y, sobre todo, capaces de resistir cualquier presión, con mayor razón las violentas, que no reflejan lo que Chile quiere para su futuro.

Marisol Peña Torres

Profesora Derecho Constitucional UC