SEÑOR DIRECTOR:
Durante las próximas semanas se votará en la Cámara de Diputados y Diputadas la reforma a la Ley Antidiscriminación (Ley N° 20.609). Uno de los problemas de esta ley es que, tal como se promulgó hace ya 12 años, no obliga al Estado a prevenir la discriminación, sino que solamente le da facultades para castigarla. Con los años se ha hecho evidente que, sin prevención, educar y concientizar al respecto, no hay manera de detener la discriminación que sufren miles de personas en el país, principalmente la de grupos con barreras de participación como lo son las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, mujeres, pueblos originarios, entre tantas otras.
Por esto, las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado incansablemente por fortalecer la ley. En esa línea, consideramos que la propuesta de reforma que se discute en el Congreso viene a subsanar varias de las deficiencias de la ley vigente.
En primer lugar, crea una institucionalidad en la Subsecretaría de DD.HH. para elaborar y coordinar las políticas, planes y programas para la no discriminación. En segundo lugar, amplía el objetivo de la ley que ahora tendría como finalidad no solo sancionar, sino también erradicar, prevenir y reparar estos actos. Por último, facilita el proceso civil tanto en su lenguaje, como aumentando plazo y dando la posibilidad de reparación a la víctima en caso de que haya una condena. Recordemos que hasta ahora solo contempla una multa a beneficio del Estado.
Para nuestras organizaciones representa un avance importante en la lucha por erradicar la discriminación la cual, hacemos hincapié, también es un importante problema de seguridad y de falta de acceso e igualdad de oportunidades para una parte importante de nuestra sociedad.
María José Escudero
Fundación Ronda
María José Cumplido
Fundación Iguales
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