SEÑOR DIRECTOR

Los comunicados de prensa emitidos por las FF.AA. y el Ministerio de Defensa Nacional, expresando su molestia por una rutina de humor emitida en el canal de televisión La Red, han generado un importante debate nacional. Y con justa razón. El gobierno ha defendido la oportunidad y el tenor de los comunicados. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado este acto de deliberación, proscrito por la Constitución.

Las declaraciones son un ejemplo de la amplia autonomía que ha condicionado las relaciones cívico-militares desde el retorno a la democracia.

La prohibición constitucional de deliberación de los cuerpos armados es una pieza clave de nuestro régimen democrático. Primero, consolida la subordinación de las FF.AA. al poder civil electo democráticamente. La deliberación le corresponde a autoridades que rinden cuentas y no a quienes detentan el monopolio de las armas. Segundo, es una garantía de neutralidad y resguardo para todos los sectores políticos, a efectos de tener debates libres sin presiones ni condicionantes. Tercero, esta prohibición no solo radica para discusiones político partidistas, sino que también abarca los más diversos debates de la esfera pública que se encuentran fuera de sus competencias institucionales. En este último punto, se exige que las opiniones técnicas y profesionales se canalicen a través de lo dispuesto por el ministro de Defensa Nacional. Esto no ha ocurrido.

Restringir o acotar el alcance de la prohibición de deliberación equivale a debilitar el espacio democrático que tenemos para discutir ideas y someter a crítica nuestras instituciones -incluso a través de la parodia y la ironía burda. Disciplinar los límites de la libertad de expresión, a través de comunicados marciales, solo pone en riesgo los cimientos de nuestra democracia.

Pablo Contreras

Universidad Autónoma de Chile

Sebastián Salazar

Universidad de O’Higgins