Por Juan Eduardo Saldivia, abogado y ex superintendente de Servicios Sanitarios

Recientemente se anunció que las empresas sanitarias acordaron prorrogar de manera voluntaria hasta noviembre la decisión de no cortar el servicio a los clientes que presenten dificultades para el pago. Ello, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Sin lugar a dudas, es una buena noticia para muchísimas familias y hogares afligidos. Sin embargo, de cara al futuro plantea un gran problema. A febrero de este año, cerca de 800.000 hogares mantenían una o dos cuentas impagas. Entre febrero de 2020 y febrero del 2021 los hogares que tenían 4 o más cuentas impagas han aumentado 60%. Son cifras decidoras de la magnitud del problema que se está gestando. Terminará la pandemia y muchas familias se encontrarán altamente endeudadas con su proveedor de agua (y con otros proveedores de servicios básicos, por supuesto).

¿Qué hacer?

Me temo que más de alguien bien intencionado, claro, pretenderá que se condonen las deudas para que dicha carga sea asumida por las empresas. Eso hace olvidar que las empresas sanitarias son sistemas complejos que deben garantizar el abastecimiento continuo y de calidad para más de 15 millones de habitantes y que son muchos los factores de los cuales depende que, al abrir la llave, salga agua potable.

Que los clientes no paguen por lo que consumen afecta el equilibrio del sistema y pone en riesgo la seguridad de abastecimiento. También olvida que hay otra pandemia, silenciosa pero muy grave con la que seguimos conviviendo: la sequía estructural que afecta a Chile por 12 años. Vivimos la sequía más profunda desde que se tiene registros. Esto obligará a hacer numerosas inversiones para garantizar el abastecimiento y para ello se requieren recursos que se obtienen del pago que hacemos los clientes. Pero, además, condonar simple y lisa y llanamente las deudas sería poco justo para quienes, con esfuerzo, se han mantenido al día con sus pagos. También, considerando que entre quienes han dejado de pagar hay familias que si pueden hacerlo.

La respuesta es el Estado. Es quien tendrá que acudir en ayuda de las familias que presenten un elevado nivel de endeudamiento que supere su capacidad de pago. No puede ocurrir que en noviembre próximo, cuando se acabe la suspensión de cortes y las empresas se vean obligadas a hacerlo como único mecanismo para obtener el pago por un servicio prestado, las familias queden con abultadas deudas por servicios básicos. El Estado debe diseñar un mecanismo expedito para llegar a esos hogares. La gestión de la vacunación ha demostrado que cuando el Estado quiere, puede.