La reciente acción inédita de EE.UU. de retirar la visa a funcionarios públicos de Chile como reacción a la propuesta ‘Chile-China Express’, ha recibido un amplio rechazo por parte de diferentes actores de la esfera política nacional. Se ha declarado que estas acciones rompen un orden internacional ‘basado en reglas’, minimizan la confianza en los principios de libre comercio, impactan la legítima soberanía de Chile, y un largo etcétera. En último término, se acusa que EE.UU. rompe en la práctica los principios normativos básicos que sostienen el orden internacional actual.

Estas críticas son loables, pero inertes. Y es que el asunto ya no basta con sencillamente señalar lo inmoral que es que EE.UU. rompa aquellas reglas. A lo que debemos prestar atención es qué nos dicen las acciones de EE.UU. sobre el funcionamiento del presente que nos toca vivir. A partir de ese análisis sobre la realidad objetiva es que podemos pensar en estrategias con potencial de éxito.

¿Qué realidad profunda es la que habla cuando EE.UU. quita esas visas y amenaza con sacar a Chile del programa Visa Waiver?

Primero, que el ‘orden basado en reglas’ (la libre competencia en base a reglas compartidas homogéneas entre naciones), se sostenía sobre dos pilares: (a) que las economías que concentran el control de los principales activos productivos, financieros, logísticos e intelectuales de las múltiples cadenas de valor globales (el G7), vieran en esas reglas un beneficio permanente para sí mismas, y (b) que el resto de las economías no escalara en esta división jerárquica internacional del trabajo y que terminara disputando el control de dichos activos al G7. El liberalismo económico erigió, de hecho, toda una teoría para justificar el petrificar la división del trabajo al argumentar que cada país debía crecer sobre sus capacidades dadas (denominado clásicamente como ‘ventajas comparativas’) para llegar algún día al desarrollo.

Ahora bien, cuando cae uno o ambos pilares, el orden liberal de reglas comunes se derrumba como una torre de naipes. Y eso es exactamente lo que ha pasado en las últimas décadas: la UE y EE.UU. pierden capacidad industrial ante la mirada pasiva de sus Estados democrático-liberales, y China supera su posición periférica y disputa a los centros desarrollados el control de activos claves.

A partir de lo anterior, lo segundo que aprendemos es que la actual competencia entre las economías es menos por precios eficientes en un orden institucional abierto y dado, y más por el control de diversos activos que brinden poder de mercado y control estratégico sobre las cadenas globales de valor a las naciones. Se compite, entre otras cosas, por controlar cadenas de suministro en torno al sector de electromovilidad (de ahí le intensa competencia de EE.UU., China y la UE por asegurar acceso y dominio de la extracción de cobre y litio en el Cono Sur), por controlar cadenas comerciales (acciones de ofensivas arancelarias para bloquear el avance de China en sectores claves manufactureros y redirigir los flujos comerciales hacia EE.UU.), por controlar las tecnologías estratégicas en sectores de punta (control de la propiedad intelectual de semiconductores claves y las reglas norteamericanas que buscan restringir que empresas vendan chips con softwares americanos a empresas como Huawei), y controlar la infraestructura digital (bloquear que otras economías construyan sus propias redes y cables oceánicos autónomos), entre otras muchas áreas. Y en esa competencia, las presiones políticas, las intervenciones directas y las amenazas están a la orden del día.

O sea, en último término, la competencia capitalista internacional es un proceso de intensa rivalidad por controlar mercados, redes, infraestructura y tecnologías, que involucra la activa participación no solo de empresas, sino de Estados, y cuya finalidad es controlar monopólicamente sectores estratégicos de los flujos económicos globales. Esto no es algo nuevo, es de hecho la naturaleza profunda de la sociedad capitalista, como lo señaló hace ya casi medio siglo atrás, el historiador económico, Fernand Braudel. Y en esta intensa competencia, las reglas multilaterales quedan en un limbo: existen formalmente, pero pierden poder para la gestión de la competencia.

Lo tercero que aprendemos del actual escenario es que la soberanía de los países en desarrollo está siempre amenazada por estas formas de competencia. Lo que observamos es una forma de imperialismo que se sostiene no solo en la intervención directa sobre otro territorio, sino vía el control monopólico de la infraestructura comercial, digital y financiera sobre la que se sostiene un país formalmente soberano. Quien controle esta infraestructura deja al territorio dependiente de su voluntad política, más allá de su independencia formal.

América Latina es de las regiones con menos comercio e inversiones intra-regional en el mundo, y a su vez depende de tecnologías, plataformas e infraestructura proveída mayoritariamente por las economías desarrolladas. Eso hace a la región vulnerable, frágil y con poca capacidad de respuesta ante arremetidas unilaterales de economías dominantes.

Los puntos anteriores nos señalan que una tarea urgente para la región en general, y Chile en particular, es fortalecer la autonomía productiva. Como han recalcado recientemente el exministro Giorgio Jackson y Patricia González, en la región ‘nadie se salva solo’ y eso implica fijarse como agenda común el fortalecer la densidad productiva, comercial, financiera y tecnológica de la región, no por un afán aislacionista, sino por obligación geopolítica para sobrevivir una nueva etapa de la competencia entre economías.

Esto es una agenda que debiese ser prioritaria para el país. Sin embargo, ha quedado eclipsada por repetir la vetusta estrategia de fortalecer una apertura comercial y firmar acuerdos de libre comercio. En esto, nobleza obliga, todos los gobiernos en los últimos 36 años han caído presos de este mismo cortoplacismo. Y no es de extrañar, por supuesto, que el gobierno entrante profundice esta estrategia. Tampoco es de extrañar que los inversionistas y exportadores norteamericanos en Chile la promuevan (a partir de la voz de sus representantes gremiales en Chile, por ejemplo), más aún cuando la acción del gobierno entrante y la voz gremial parecen fusionarse en la nueva Cancillería. Y es que las ganancias de esta estrategia son evidentes para los grandes gremios exportadores nacionales e internacionales, pero al enorme costo de dejar al país entero débil y vulnerable ante la arbitrariedad de los poderes de las economías dominantes.

Por José Miguel Ahumada, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile.