¿Quién falló?

essal



Osorno se quedó diez días sin su fuente normal de agua potable. Este serio problema se habría producido -en el contexto de instalaciones y protocolos con deficiencias- por un descuido de un empleado de Essal, la concesionaria que abastece de ese elemento a la ciudad. No se hicieron esperar las presiones políticas para que el gobierno caduque la correspondiente concesión y se haga cargo de la planta Caipulli. Nadie podría negar la responsabilidad de Essal en este episodio y sin embargo es lícito preguntarse si acaso es la única responsable.

El actual sistema de concesiones de agua potable es una de las múltiples formas en que el Estado ofrece -por intermedio de empresas privadas- bienes y servicios públicos (Larroulet 2016). Es una manera de tener acceso a estos últimos en forma eficiente y simultáneamente tener los capitales necesarios para satisfacer -ahora- las demandas correspondientes. Estas concesiones -y en general el alto grado de subcontratación realizada por el Estado y los privados- son una característica del sistema económico-social de Chile, que nos ha permitido pasar a liderar la región en la provisión de la mayoría de los bienes públicos.

Para graficar el progreso del país en materia de suministro de agua potable permítanme referirme a una experiencia personal. En la casa de mis padres en Ñuñoa, en verano, la presión era tan baja que el agua a menudo no llegaba al segundo piso de la casa y, a ciertas horas del día, no era posible hacer funcionar los calefones. En la actualidad nada de eso ocurre en la inmensa mayoría de los hogares de Chile. Tanto así, que aun pudiendo mejorar, el país tiene estándares similares a aquellos de los países desarrollados en materia de cobertura y calidad de servicios sanitarios, es uno de los líderes mundiales en materia de tratamiento de aguas servidas, y -por intermedio de los sistemas de agua potable rurales (APR), apadrinados por las concesionarias- ofrece agua potable a los más alejados sectores.

En el sistema de concesiones el Estado sigue siendo el responsable último, si bien indirecto, de la oportunidad, calidad y cobertura de la entrega de los servicios públicos. Ello implica, entre otras cosas, que es su obligación actualizar las regulaciones del sistema de agua potable, inspeccionar eficaz y oportunamente las operaciones de las empresas privadas que operan en este sector, exigir que se hagan las modificaciones necesarias para ofrecer los servicios acordados con las concesionarias y -si lo estima pertinente- cambiar a estas últimas, siempre respetando la legislación y los contratos vigentes.

En vista del anterior listado de obligaciones, ¿no le parece a Ud. que la crisis del agua potable en Osorno se produjo, no solo por fallas de Essal, sino también por aquellas del Estado?

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