Rechazo de nueva acusación constitucional

El hecho de que senadores de oposición hayan contribuido con su voto a desestimar la acusación constitucional en contra del exministro Víctor Pérez supone una valiosa señal para la institucionalidad.



El Senado, actuando en su calidad de jurado, rechazó la acusación constitucional que diputados de oposición habían presentado en contra del ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Para ello resultó fundamental los votos en contra de los senadores Felipe Harboe (PPD), y los DC Jorge Pizarro y Francisco Huenchumilla -quienes rechazaron los tres capítulos de que constaba el libelo-, como también las abstenciones de los senadores Carolina Goic (DC), Jorge Soria y Guido Girardi, impidiendo que se consiguiera el quórum necesario.

Hay varios aspectos que cabría resaltar de este episodio. Desde luego, se trata de la quinta acusación constitucional en contra de ministros de Estado presentada durante esta administración -a ello cabría agregar una que no prosperó en contra del propio Presidente de la República-, dando cuenta del uso irresponsable que se está haciendo de una herramienta que la Carta Fundamental reserva para casos excepcionales, y no para un control político por parte del Congreso. El Senado ya había aprobado la acusación en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, lo que ciertamente implicó un precedente muy complejo en cuanto a las responsabilidades que son exigibles a este cargo en el control del orden público. De haber acogido esta nueva acusación se habrían erosionado por completo las atribuciones del Ejecutivo para llevar a cabo estas delicadas responsabilidades, colocando a este ministerio en la total vulnerabilidad.

Pero quizás el aspecto más relevante de esta jornada es que el Senado ha dado muestras de que todavía sigue siendo una instancia capaz de funcionar como dique de contención a la pulsión de las acusaciones constitucionales, donde no se da por hecho que lo que apruebe la Cámara en estas materias será refrendado sin más por la Cámara Alta. Antes el Senado había rechazado el infundado libelo en contra de una jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, así como la acusación formulada en contra del intendente de la Región Metropolitana. Todo ello da muestras de sensatez, un bien que se va haciendo cada vez más escaso en nuestra escena política.

Los senadores de oposición que en esta jornada lograron sobreponerse a las denostaciones y la presión ejercida a través de redes sociales votando en contra o absteniéndose han pagado sin duda un alto costo político, incluso dentro de sus respectivos partidos o conglomerados políticos, pero desde luego han dado muestras de independencia y capacidad para juzgar los hechos con la necesaria perspectiva acorde a la investidura que detentan. En ese sentido, los argumentos para fundamentar sus votaciones han sido valiosos, pues aunque expresaron reparos en la forma como el ex ministro del Interior manejó el paro de los camioneros o en la forma como las fuerzas policiales han ejecutado su labor en el control del orden público, supieron en este caso respetar el ámbito de las atribuciones de la autoridad -en particular en lo que toca a la decisión privativa de invocar la Ley de Seguridad del Estado- y de un modo indirecto valorar el gesto del exministro de renunciar a su cargo apenas la Cámara aprobó la acusación en su contra, como forma de descomprimir la situación.

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