El proyecto de reconstrucción nacional anunciado por el Presidente Kast tiene su columna vertebral en un conjunto de ajustes tributarios. Entre ellos, la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, un incentivo a la contratación formal, la eliminación del IVA por un año en la compra de viviendas nuevas y la eliminación del pago de contribuciones a la primera residencia de los adultos mayores. Este no es un país donde falten reformas tributarias; al contrario: en poco más de una década llevamos seis. Lo que ha faltado es un consenso técnico realista y responsable, que permita tener una estructura impositiva que se sostenga en el tiempo y garantice certeza jurídica.

El destino de la propuesta gubernamental es incierto, y es difícil que pueda dar lugar a consensos transversales mínimamente estables. La polarización y el ideologismo propios de estos debates no permiten estar muy optimistas. Con todo, la discusión sobre tributos y recaudación tiene un mar de fondo, no solo vinculado a cuánto presupuesto necesita el país en función de los requerimientos de política pública. Un aspecto central es saber en qué se gastan los recursos, cómo se explica que llevemos años incumpliendo la regla fiscal, sobrestimando ingresos estructurales y subestimando compromisos de gasto.

En los últimos días se han empezado a conocer los resultados de la auditoría interna iniciada por la nueva administración. Son antecedentes que aún deben ser cotejados por Contraloría y el propio gobierno, pero que ponen una alerta en situaciones que, en cualquier país sensato, serían motivo de preocupación. Entre las alertas que el informe reporta se encuentran transferencias y convenios realizados durante el gobierno anterior por montos superiores a los 140 millones de dólares, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad; también, 65 mil adquisiciones en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el día; más de mil convenios fueron terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos y, finalmente, más de 2.500 funcionarios públicos fueron incorporados a las plantas de servicios en los últimos meses del año pasado.

Son antecedentes que sin duda exigen no solo explicaciones de las autoridades políticas de la época, sino también una investigación exhaustiva para saber si hay aquí irregularidades o eventuales delitos. Resulta en verdad insólito que, frente a antecedentes de esta envergadura, sectores políticos que fueron parte del gobierno anterior generen un clima de escándalo por un almuerzo del Presidente con sus compañeros de curso. ¿En serio eso es lo que hoy merece poner el grito en el cielo y no 140 millones de dólares entregados a fundaciones recién creadas?

El nuevo debate tributario debiera comenzar por el principio: una investigación acuciosa sobre el uso de los recursos públicos, dinero de todos los chilenos que, al parecer, en muchos casos no se gasta en su propio beneficio.

Por Max Colodro, filósofo y analista político