En Chile normalizamos algo que no es normal. Que una persona pueda perder su casa no por haberla dejado de pagar, sino por no poder seguir financiando un impuesto que sube sin explicación clara. Las contribuciones nacieron como un mecanismo razonable para equilibrar desigualdades. Pero hoy vemos un sistema que ha ido perdiendo sentido común y que castiga a quienes hicieron lo correcto.

Entre 2016 y 2024, el pago de contribuciones aumentó un 65,8%, mientras los ingresos crecieron muy por debajo. A eso se suma el reavalúo de 2022, que elevó en promedio un 22,1% los avalúos fiscales habitacionales. Un daño a quienes ahorraron y compraron una vivienda propia.

En Ñuñoa, más de dos tercios de los hogares pagan contribuciones. Son familias de clase media, muchas veces adultos mayores, que ven cómo en pocos años el monto a pagar aumenta, por reavalúos poco claros, desconectados de la realidad de ingresos.

Las contribuciones se han transformado en un impuesto al patrimonio, no a los ingresos. No importa si usted gana más o menos, si está jubilado o cesante. Si su propiedad sube de valor en el papel, paga más. El resultado: adultos mayores endeudándose o vendiendo sus casas.

La solución no pasa por el simplismo de eliminar las contribuciones ni por seguir jugando a las barras bravas en un debate que exige seriedad. Pasa por construir un sistema justo y sostenible.

Primero, ningún pensionado o jubilado debería pagar contribuciones por su vivienda principal.

Segundo, el monto debiera fijarse al momento de la compra, con reglas de ajuste predecibles y acotadas, en lugar de quedar sujeto a reavalúos discrecionales.

Tercero, quienes no tienen ingresos deben poder postergar pagos sin multas.

Y cuarto, el Estado no puede seguir siendo juez y parte en la determinación de los avalúos.

Enmendar el rumbo es posible. Pero requiere dejar la trinchera y asumirlo como una urgencia social. El Estado no debe empujar a las personas fuera de sus casas, debe corregir desigualdades.

Por Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa.