Desde que comenzó a implementarse la gratuidad en educación superior, hace ya una década, el sistema ciertamente ha representado un beneficio concreto para los cerca de 1,5 millones de estudiantes que desde entonces han accedido a ella, pero a la par ha sido fuente de constantes controversias, tanto porque se trata de una política pública sumamente costosa desde el punto de vista fiscal, como también por los continuos reclamos de numerosas universidades -especialmente de aquellas con mayores años de acreditación-, que han hecho ver que el monto de los aranceles regulados es insuficiente para financiar el costo real de las carreras, lo que compromete su sostenibilidad.

La tensión entre mantener tal cual este beneficio -o incluso ampliarlo-, versus aquellas posturas que recomiendan racionalizarlo ha vuelto a reflotar por estos días, a propósito del proyecto sobre reconstrucción y reactivación que ha propuesto el gobierno, entre cuyas medidas figuraba originalmente restringir el beneficio a aquellas personas mayores de 30 años, excepto si se trataba de carreras técnicas. Las presiones incluso desde sectores oficialistas por eliminar esta medida llevaron al gobierno a echar pie atrás, no sin antes caer en versiones contradictorias entre ministerios sobre el futuro de esta medida.

Los líos en que se ha visto involucrada La Moneda a raíz de la gratuidad ilustran lo complejo que resulta intentar hacer cambios respecto de esta política pública, pero también permiten relevar que el país no puede seguir postergando un debate que obliga a hacerse cargo de los problemas que arrastra este mecanismo de financiamiento tras una década de funcionamiento.

Un primer problema es que se optó por un diseño que ante todo hizo prevalecer la noción de que el acceso a la educación superior se trata de un derecho social, de carácter universal, y que como tal debía ser provisto gratuitamente por el Estado, entregándole para estos fines amplias potestades, la más importante de las cuales es controlar el financiamiento de todas aquellas entidades de educación superior que decidieran adscribir a esta política, lo que desde luego siempre es un riesgo latente para la independencia de las instituciones, al tiempo que sus planes de expansión quedan en buena medida condicionados a los recursos que el Estado les proporcione.

Si bien nuestra legislación consagra que la educación superior es un derecho, estableció una gradualidad en su despliegue, de modo que a ella podrían acceder en una primera etapa todos aquellos alumnos que pertenecieran al 60% de la población más vulnerable; los restantes deciles podrían hacerlo en la medida que se vayan gatillando escenarios macroeconómicos que permitan extender dicho beneficio. Pese a estos límites, los montos que el país debe destinar actualmente a financiar la gratuidad son enormes, alcanzando del orden de US$ 2 mil millones por año. Ya suman 68 instituciones adscritas a gratuidad, 38 de las cuales corresponden a universidades, en tanto que más de medio millón de alumnos hoy estudian gratuitamente.

Tal gasto implica que solo el ítem gratuidad ya representa más de la mitad del presupuesto anual destinado a educación superior, y sobre el 12% del presupuesto total de educación. Es obvio que en la medida que más instituciones se sigan adscribiendo lo previsible es que este gasto irá al alza, justo cuando las finanzas públicas atraviesan un escenario de suma estrechez. Y el escenario se tornará aún más complejo si próximamente se gatillan las condiciones macroeconómicas que amplíen la gratuidad a los siguientes deciles, sobre todo tomando en cuenta que esta política ha terminado siendo en la práctica una suerte de barril sin fondo. El Ministerio de Educación estima que la gratuidad ha costado 177% más de lo que se estimó costaría para la actual cobertura, lo que de suyo debería encender una luz de alerta antes de seguir pensando en su expansión, partiendo por lo básico, que es asegurar que los alumnos que acceden efectivamente cumplen los requisitos legales.

Así, es necesario interrogarse si resulta razonable que las alzas presupuestarias en educación en buena medida se destinen a gratuidad, y que producto de ello el país invierta menos en dimensiones clave como educación parvularia y escolar, cuando estas deberían ser el eje de nuestra política educacional, porque es allí donde en gran parte se juega el futuro de los niños y niñas. El país debe debatir entonces si estas son las prioridades correctas en materia de educación, algo que ha sido convenientemente postergado por razones electorales o populistas.

Es también fundamental hacerse cargo de los reclamos formulados por diversas universidades en orden a que los aranceles regulados en muchos casos ya no logran cubrir los costos reales de las carreras. Desde luego aquí hay debates de más largo plazo, como por ejemplo evaluar la actual duración de las carreras, o si hay gastos excesivos en burocracia, pero como ilustraba un informe del CEP, el 75% del pregrado universitario adscrito a la gratuidad tiene un arancel regulado más bajo que el real. Esto ha generado fuertes desajustes financieros; AccionEducar, en un informe de julio de 2024, ya estimaba que los déficits en gratuidad habían costado unos US$ 780 millones a las instituciones de educación superior. Seguir en esta senda resulta ciertamente riesgoso, y por lo tanto parece inevitable revisar los aranceles fijados por la autoridad, así como otras restricciones que establece la ley.

Si bien la gratuidad también ha traído beneficios -ello, por ejemplo, se ha visto en el significativo aumento de alumnos que hoy estudian carreras técnicas-, la evidencia acumulada sugiere que los problemas derivados de su diseño justifica reevaluarla para que los objetivos que persigue no terminen ahogando al sistema de educación superior y drenando las arcas fiscales. Por de pronto, el país debe evaluar seriamente si es conveniente que la gratuidad siga avanzando en deciles -y llegar a la meta de hacerse universal-, tomando en cuenta el enorme costo que ello implicaría. En tal sentido, las primeras definiciones que ha entregado el Ministerio de Educación -en orden a que el actual nivel de cobertura del 60% de los estudiantes de menores ingresos parece razonable, y que ante las actuales condiciones económicas lo prudente sería condicionar la extensión de la gratuidad con el fin de aumentar la cobertura en jardines infantiles- parecen un punto de partida razonable para comenzar el debate.

Si se mantiene la lógica de que la gratuidad es un derecho, ello en todo caso no tiene por qué implicar que solo la intervención directa del Estado a través de gratuidad es la única forma de satisfacerlo. Abrirse a potenciar el sistema de créditos y becas -mecanismos que en el pasado contribuyeron a ampliar notablemente el acceso a la educación superior- sería una forma saludable de complementar que los segmentos hoy no cubiertos por gratuidad puedan financiar sus carreras.